Los obispos no acuden al acto de conciliación con una víctima de abusos, cuya identidad fue filtrada por la web de la CEE

No acudió nadie. Ningún representante de la Conferencia Episcopal asistió al acto de conciliación de una de las víctimas de abusos que denunció cómo sus datos habían aparecido en el polémico (y actualmente desaparecido) 'Para dar luz', el instrumento utilizado por los obispos españoles para ningunear la auditoría encargada (y generosamente pagada) al bufete Cremades&Calvo Sotelo.

Una realidad que afectó a medio centenar de supervivientes de la pederastia clerical, que habían confiado en la Iglesia (y en la investigación que estaba llevando a cabo el despacho de abogados) para dar el testimonio de sus sufrimientos, y que vieron cómo sus datos se hacían públicos, en lo que la Iglesia calificó de "error" debido a la "brecha digital", y cuya responsabilidad se achacan mutuamente CEE y Cremades.

Al acto de conciliación no acudió ningún representante de la Casa de la Iglesia, pero sí de Cremades. Los abogados evitaron responsabilizarse del fallo informático ante el abogado de la víctima, Luis Felipe Gómez Ferrero, tal y como relata Susana Arizaga en La Opinión de Zamora.

La difusión de dicha información, según el letrado, "ha menoscabado la dignidad de este ciudadano" que fue víctima de esas prácticas cuando era menor de edad. Tras la negativa de la CEE a comparecer, Gómez Ferrero ultima una demanda, que incluirá al menos a ocho afectados por este 'error'.

"El despacho de abogados dice que entregaron un documento que no era para colgar en la red, sino para información y uso interno de la Iglesia, ya que si hubiera sido para hacer público, aseguran que ellos mismos se habrían ocupado de evitar que se difundieran nombres ya apellidos de las víctimas"

"El despacho de abogados dice que entregaron un documento que no era para colgar en la red, sino para información y uso interno de la Iglesia, ya que si hubiera sido para hacer público, aseguran que ellos mismos se habrían ocupado de evitar que se difundieran nombres ya apellidos de las víctimas", subraya el abogado. Esta disparidad de criterios entre los obispos y Cremades ha evitado un acuerdo para el pago de una indemnización a la víctima, por intrusión en su privacidad. Cremades sostiene que ha de ser la CEE, y ésta, que quien debe asumir el error es el bufete.

La demanda se presentará en las próximas semanas en los juzgados de Madrid. En la misma, se considerará que se ha cometido "una intromisión ilegítima cuando perjudica gravemente la reputación o el buen nombre de una persona". Mientras tanto, las víctimas -estas y muchas otras- continúan esperando respuestas. Y dignidad.