Víctimas de abusos denuncian a Barriocanal, Dagnino y Josetxo Vera por "revelación de secretos y encubrimiento"

"Revelación de secretos y encubrimiento". Este es posible delito por el que nueve víctimas de abusos sexuales han denunciado a la Conferencia Episcopal, al bufete Cremades&Calvo Sotelo, y a tres responsables de la Casa de la Iglesia (Fernando Giménez Barriocanal, Josetxo Vera y Alfredo Dagnino) tras difundir en us web la identidad de 45 personas, un escándalo que investiga la Agencia Española de Protección de Datos y que, como señala El País, contempla sanciones que van de los 300.000 euros a los 20 millones, aunque nunca se ha alcanzado la cifra máxima, además de penas de cárcel en el caso de Dagnino.

Tal y como refleja la investigación del diario de Prisa, la denuncia llega dos meses después de que este diario revelara que los obispos publicaron entre diciembre y enero pasados, coincidiendo con la no publicación de la auditoría encargada 20 meses antes al bufete dirigido por Javier Cremades, en una estrategia comunicativa cuando menos cuestionable, vistos los efectos.

Y es que los relatos que las víctimas contaron para la auditoría debían ser confidenciales, pero se filtraron gracias a un error de la Conferencia Episcopal. Aunque los obispos se percataron del error y retiraron de su web el archivo con los datos, este siguió en Internet hasta cuatro meses después. La CEE no denunció la brecha de seguridad, como era su obligación, ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), ni avisó a las víctima, a las que tampoco ha pedido perdón. El bufete, por su parte, responsable de recopilar los datos y el primero que avisó a la CEE del error, tampoco lo puso en conocimiento de la AEPD.

Junto a la CEE, a Cremades, al responsable directo de la filtración en la web y al vicesecretario de Asuntos Económicos, las víctimas también incluyen a Alfredo Dagnino, actual responsable de Compliance de la Conferencia Episcopal y entonces encargado de la investigación llevada a cabo por Cremades (y posteriormente despedido por el bufete) por "filtrar extraoficialmente datos personales e incluso confeccionar un informe paralelo que ha causado aún un daño superior a las víctimas”.

Revictimizadas por la Iglesia

El abogado de las víctimas, Luis Felipe Gómez Ferrero, apunta a El País que “independientemente de la gravedad que supone un delito de filtración de estos datos tan sensibles, la denuncia recoge el sufrimiento que han padecido durante décadas un grupo de personas que, además de haber sido agredidas sexualmente, han seguido siendo revictimizadas por la Iglesia”.

Gómez Ferrero se refiere a algunos de los casos de las personas que él ahora representa, en los que la Iglesia conoció en su momento el delito, pero lo encubrió o, más recientemente, no les ha querido atender. “Prueba de esta revictimización es la negligencia con la que han tratado sus datos, sus historias y sus secuelas, algo que debe ser confidencial”, añade el abogado.