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La Abadía presenta los resultados de su investigación interna, y pide perdón a las víctimas
El hermano Andreu Soler fue “un depredador sexual” que “abusó de jóvenes durante cuatro décadas. Estas son las principales conclusiones del informe encargado por la Abadía de Montserrat a una comisión independiente, y que los religiosos han presentado este mediodía.
En un comunicado, el abad, Josep María Soler, admite que hubo casos de abusos denunciados desde 1968. “Ante estos casos vergonzosos de abusos a menores cometidos por miembros de nuestra comunidad, pedimos perdón a todas las víctimas y nos ponemos a su disposición, como hemos hecho en todo momento, para ayudarlos en su dolor y sufrimiento”, señala.
“Siguiendo las recomendaciones de la comisión, y para evitar que hechos como estos vuelvan a producirse en Montserrat, estamos elaborando un plan de protección de menores que aumentará y mejorará los mecanismos de prevención y detección existentes actualmente”, señala la comunidad, que anuncia el nombramiento de un delegado de protección de menores, que será un profesional externo al monasterio.
Los resultados de este informe “serán puestos inmediatamente en conocimiento de la Fiscalía, del Síndic de Greuges de Catalunya y de los organismos competentes de la Santa Sede y de nuestra Congregación benedictina”, culmina la nota, que vuelve a condenar “de manera absoluta cualquier tipo de abuso a menores” al tiempo que reafirma “nuestro compromiso de luchar con firmeza contra una problemática tan grave que afecta a toda nuestra sociedad”.
La comisión ha estado integrada por la Sra. Cristina Vallejo, abogada; el Dr. Xavier Pomés, médico; y la Sra. Begoña Elizalde, psicóloga. También ha participado, con voz y sin voto, el P. Bernat Juliol, OSB, el cual ha realizado las tareas de secretario, coordinador y enlace con el Monasterio.
El informe hace referencia a una docena de denuncias presentadas, así como otros tipos de comunicaciones que han facilitado informaciones a la comisión “y que han sido tenidas en cuenta en tanto que contextualizan los abusos objeto de estudio”.
Centrándose en hermano Andreu, el informe admite que “no consta ningún tipo de actuación por parte del P. Abad Sebastià M. Bardolet. Asimismo, existen contradicciones entre los relatos del P. Abad Sebastià M. Bardolet y el P. Josep M. Sanromà sobre la gestión de la denuncia realizada por un “Noi de Servei” en 1998”.
Por su parte, el actual abad “tuvo conocimiento de esta denuncia de abuso seis meses después de su elección y tomó las siguientes decisiones para hacerle frente: apartó al H. Andreu M. Soler de los “escoltas” y lo envió al Monasterio del Miracle, donde no tenía contacto con menores, a la vez que se puso a disposición de la víctima manteniendo contacto con él y su madre. El P. Abad Josep M. Soler relata que actuó siempre intentando ayudar a la víctima de acuerdo con los criterios y la sensibilidad existentes hace veinte años”, algo que la víctima, Miguel Ángel Hurtado, ha negado en repetidas ocasiones.
Por su parte, Miguel Ángel Hurtado - primer denunciante del caso Montserrat y portavoz de la asociación de víctimas de pederastia clerical Infancia Robada –, mostró sus “serias dudas” sobre la validez de las conclusiones del informe, “tanto respecto al número total de víctimas, como de agresores, como a la responsabilidad institucional de la abadía”.
Para Hurtado, la comisión “carece de credibilidad, legitimidad e independencia y por tanto también sus conclusiones”, y denuncia que el objetivo de la comisión “no era esclarecer la verdad sino minimizar el daño reputacional de la institución”.
“Montserrat sigue priorizando mantener su poder, prestigio y patrimonio por encima de los derechos de las víctimas”, argumenta Hurtado, que constata cómo “una vez más se demuestra que la Iglesia Católica es incapaz de investigarse a si misma. Solo la justicia civil puede hacerlo”.
Por este motivo, concluye, “es urgente una reforma ambiciosa del Código Penal para que el cómputo del plazo de prescripción comience a contar a partir de que la víctima cumple cincuenta años”.
“Por respeto a la dignidad de las víctimas el abad de Montserrat Josep María Soler, debe asumir sus responsabilidades y presentar inmediatamente su dimisión. Un Abad encubridor no puede ser buen pastor”, finaliza Miguel Ángel.
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