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Para cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, José Antonio Montilla, ha informado de que un grupo de trabajo formado por representantes de la Iglesia Católica y del Gobierno estudian "desde hace unas semanas" cómo implementar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de la Iglesia Católica.
"A partir de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, hace unas semanas se ha constituido un grupo trabajo entre el Gobierno y la Iglesia para abordar estas cuestiones, ver cómo se puede llevar a cabo, cómo implementar estas recomendaciones establecidas en el informe del Tribunal de Cuentas", ha precisado el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.
Así lo ha indicado Montilla este miércoles 25 de noviembre durante la Comisión Constitucional en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet sobre "si el Gobierno tiene la voluntad de auditar las cuentas de la Iglesia católica española".
En concreto, Mulet ha interrogado al Gobierno sobre si va a auditar si la Iglesia Católica española ha "cumplido su compromiso" de "lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades, como expresamente comprometió con su firma en el Acuerdo Económico".
También le ha preguntado "hasta cuándo tiene previsto el Gobierno que ha de continuar la sociedad valenciana y española cumpliendo la aportación económica a la Iglesia católica".
Por su parte, el secretario de Estado se ha remitido a las recomendaciones del informe del Tribunal de Cuentas aprobado el 20 julio 2020 en el se establece "que el contenido de la memoria justificativa que debe presentar la Iglesia sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria, debe ser acordado entre el Gobierno y la Iglesia para asegurar un seguimiento eficaz".
Además, Montilla ha destacado que el informe recomienda "concretar mejor la naturaleza de los gastos así como de las entidades de la Iglesia a cuyo sostenimiento se destina" la colaboración.
Otra de las indicaciones del Tribunal de Cuentas, según ha precisado, es que "el Gobierno deberá disponer de información suficiente para asegurar que el destino último de los recursos procedentes de la asignación tributaria sea compatible con las normas que rigen la libre competencia y no puedan ser consideradas ayudas de Estado" a empresas privadas, como podría ser el caso de TRECE.
Finalmente, según ha resumido, se dice que "el destino de eventuales superávit en la liquidación de la asignación tributaria tendría que ser objeto de acuerdo entre la Iglesia y el Estado". Para estudiar cómo implementar todas estas recomendaciones, han constituido el grupo de trabajo con la Iglesia, según ha precisado.
Aparte del contenido de la pregunta, el senador de Compromís ha reprochado al Gobierno que se está dando "un bloqueo parlamentario" porque "no se responde a lo que preguntan" los senadores, utilizando "corta y pega de respuestas de hace años".
Montilla ha dicho que esas situaciones son "excepcionales", se ha disculpado por el retraso en las respuestas, se ha puesto a disposición de los senadores para recibir las quejas que consideren oportunas y ha reconocido que tienen "margen de mejora".
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