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Los religiosos aseguran que el Gobierno no podrá entrar en Cuelgamuros “sin la necesaria autorización eclesiástica”
De nada han servido las advertencias de la Conferencia Episcopal y el Vaticano. La Abadía del Valle de los Caídos ha anunciado, a última hora de esta tarde, que “se ha visto obligada a recurrir” ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la resolución del Consejo de Ministros que decretaba la exhumación de los restos de Franco.
En un comunicado, la comunidad dirigida por el ex candidato falangista Santiago Cantera, advierte que el Gobierno no podrá actuar “sin la necesaria autorización eclesiástica”, y se ampara al “principio de inviolabilidad protegido” por los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979.
Al tiempo, los religiosos ponen “en tela de juicio la constitucionalidad del Decreto-Ley” aprobado por el Gobierno el pasado año y que puso en marcha el procedimiento de exhumación, al alegar que “implica, de forma imperativa, la exhumación de 20 cadáveres de monjes benedictinos yacentes en el cementerio de la Abadía”.
Por ello, añade la nota, “esta Comunidad actuará, a falta de acuerdo con la familia, en la forma que decida el Tribunal Supremo, órgano competente para dilucidar la controversia existente, lo que garantiza, plenamente, el respeto al Ordenamiento jurídico”. Un Supremo que, como adelantó Religión Digital, fallará en contra de la suspensión cautelar solicitada por la familia.
Finalmente, constatan los monjes del Valle, “la argumentación de la Abadía es independiente y deja a salvo los argumentos y razones de nulidad e inconstitucionalidad que pudiera plantear los familiares de D. Francisco Franco”.
Tal y como adelantó ayer RD, el Tribunal Supremo fallará a favor del Gobierno y desestimará la suspensión cautelar de la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos... después de las elecciones generales del 28-A.
La mayoría de los magistrados de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo, encargada de estudiar la paralización de la salida del dictador de Cuelgamuros, se muestra a favor de proseguir con el procedimiento aprobado el 15 de febrero en Consejo de Ministros, pero no dará su dictamen al menos hasta que concluyan los comicios generales.
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