México limita el derecho de objeción de conciencia para médicos y personal de enfermería

Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México, alzaron la voz por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados sobre algunas restricciones al derecho a la Objeción de Conciencia por cambios a la Ley General de Salud en el país, la cual podría afectar a más de un millón de médicos y personal de enfermería.

Los profesionales de la salud argumentaron que el dictamen aprobado busca criminalizar y sancionar a quienes hagan valer este derecho en las instituciones de salud, puesto que, se contemplan sanciones civiles, administrativas y hasta penales, para los médicos y personal de enfermería que, “bajo la premisa de Objeción de Conciencia”, ocasionen retraso o entorpecimiento de los servicios de salud.

“El derecho a la objeción debe ejercerse de manera libre y autónoma, de acuerdo con la situación, condiciones y restricciones de cada caso, atendiendo a las convicciones y principios del profesional de la salud; por lo que informarlo previamente sería una barrera que lo limitaría de manera desproporcionada”

En la conferencia de prensa, organizada por Red Familia, participó el ex secretario de Salud, José Narro, manifestó que lo único que se logrará es una persecución contra el personal médico y enfermeras ya que “busca criminalizar y sancionar a quienes hagan valer la objeción de conciencia en las instituciones de salud”.

El también ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó que estos cambios se hayan realizado sin consultar a los profesionales de la salud y se dejaron fuera del análisis de la reforma algunas propuestas que estaban en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

“El resultado final atenta contra esa libertad esencial que debe tener los profesionales de la salud para actuar de conformidad con sus convicciones, con sus creencias, con su ética por su capacidad de ver y analizar las situaciones profesionales y de manera simultánea atender el derecho la protección de la salud de las personas de los pacientes que acuden con ellos”.

Por su parte, el doctor Francisco Molina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina General A. C., a nombre de 60 organizaciones y colegios médicos que agrupan a cerca de un millón de profesionales, reclamó el derecho del ramo a la objeción de conciencia.

“Rechazamos la criminalización del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, nos manifestamos y reclamamos nuestra autonomía como profesionales de la salud y exigimos el derecho que nos corresponde a la objeción de conciencia y que se nos permite ejercer nuestros derechos así como el libre ejercicio profesional”, dijo.

Finalmente aseguraron que esperan que se abra el diálogo en el Senado de la República donde se tendrá que discutir el tema para su aprobación final, por lo que el diputado y doctor Éctor Jaime Ramírez Barba aseguró que es necesario revisar todos los errores que se cometieron en la Cámara de Diputados.

“El llamado es para que el Senado de la República tenga un parlamento abierto y se pueda escuchar los errores que cometieron los legisladores de Morena y asociados a ser inválido el derecho a la salud… Pues un tema central era que ni siquiera quedaba claro que es el derecho a la objeción de conciencia y en el propio dictamen que fue aprobado no quedó claro si fue como un pretexto médico o es un derecho”.

Y es que organizaciones afirman que con tal de legislar a favor del aborto y eutanasia, legisladores de Morena y sus aliados, están pasando por encima de los derechos de los profesionales de la salud, y quieren anular el derecho para negarse a participar en estos procedimientos, violando su Libertad de Conciencia establecido en la Constitución.

En México la libertad de conciencia se encuentra reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.