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Inadmite las demandas de las cismáticas contra el Ministerio del Interior
El arzobispo de Burgos y comisario pontificio para Belorado, Orduña y Derio, Mario iceta, es el máximo responsable de los bienes de las exmonjas excomulgadas. Así lo determina el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha inadmitido la demanda de las exclarisas contra la Administración del Estado, que había reconocida la autoridad de Iceta en el conflicto.
Nuevo varapalo para las ex monjas, que un año después siguen atrincheradas en los monasterios, de los que solo salen para sus negocios en Arriondas, y que niegan legitimidad jurídica a la asociaciones creadas por Laura Gil de Viedma y sus seguidoras. "Con esta operación, las exclarisas cismáticas buscaban transformar las entidades monásticas pertenecientes a la Iglesia católica en asociaciones civiles culturales e impugnar el nombramiento del Comisario Pontificio como legítimo administrador y representante legal de los Monasterios", señala la Oficina del Comisario en un comunicado.
En el mismo, se subraya "la imposibilidad de inscribir asociaciones civiles provenientes de la transformación de entidades religiosas, al ser un procedimiento que no es conforme a Derecho, ya que el ordenamiento jurídico reconoce el Derecho canónico como Derecho estatutario". Al tiempo, las resoluciones "reconocen el derecho de las exmonjas a separarse de la Iglesia Católica y a formar nuevas asociaciones o confesiones religiosas", pero "niegan la posibilidad de transformar los monasterios en asociaciones civiles".
Esto se debe a que los monasterios son entidades religiosas vinculadas jerárquicamente a la Iglesia Católica y regidas por el Derecho canónico. Además se les niega la capacidad de "constituirse en capítulo conventual y de representar legalmente los monasterios y, por tanto, carecen de capacidad para tomar decisiones en nombre de estas entidades canónicas", al haberse separado de la Iglesia el pasado 8 de mayo de 2024.
El TSJM culmina confirmando que las exmonjas "no han sido obligadas a revelar sus creencias religiosas, y que la Administración ha actuado respetando su derecho a la libertad religiosa", y que tampoco ha existido vulneración de los principios de igualdad o de asociación.
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