La economía del Vaticano según León XIV en el libro de Elise A. Allen
León XIV y la economía del Vaticano: "Tenemos que continuar el proceso de reforma que Francisco comenzó"
Los tribunales vaticanos confiscan 25 millones de euros al abogado condenado por malversación de fondos en el IOR
Gabriele Liuzzo fue asesor jurídico del Banco Vaticano
Así lo decidió el Tribunal de Casación del Vaticano en el juicio sobre la enajenación del patrimonio inmobiliario del IOR. El año pasado, Liuzzo, junto con Angelo Caloia, fue condenado a 8 años y 11 meses de prisión por los delitos de malversación y apropiación indebida de fondos del Instituto
El decomiso preventivo, una medida incluida en el sistema vaticano con una disposición que entró en vigor en 2018, marcando la conclusión del proceso de adaptación de la legislación vaticana a los más modernos sistemas normativos de prevención y represión de los patrimonios de origen ilícito
El Tribunal Supremo del Estado de la Ciudad del Vaticano, compuesto por los cardenales Dominique Mamberti, Leonardo Sandri y Giuseppe Versaldi, en una audiencia celebrada hoy, 5 de marzo, ha confirmado la orden de confiscación preventiva de unos 25 millones de euros, dispuesto el 9 de julio de 2020 por el Juez único y reafirmado el 21 de enero de 2021 por el Tribunal Vaticano contra el abogado Gabriele Liuzzo, implicado, junto a Angelo Caloia y Lelio Scaletti, en el proceso de enajenación de los bienes inmuebles del Istituto per le Opere di Religione (IOR).
En enero del año pasado, Angelo Caloia y Gabriele Liuzzo, respectivamente ex presidente y ex asesor jurídico del Instituto, fueron condenados en primera instancia a 8 años y 11 meses de prisión por los delitos de malversación y apropiación indebida de fondos del IOR.
Paralelamente al proceso penal, la Oficina del Promotor de Justicia, representada por Gian Piero Milano, Alessandro Diddi, Roberto Zannotti y Gianluca Perone, había iniciado un procedimiento para la aplicación del decomiso preventivo, una medida incluida en el sistema vaticano con una disposición que entró en vigor en 2018, marcando la conclusión del proceso de adaptación de la legislación vaticana a los más modernos sistemas normativos de prevención y represión de los patrimonios de origen ilícito. Con la sentencia de hoy, el Tribunal de Casación, al confirmar la labor de la Oficina del Promotor, aplica por primera vez las nuevas disposiciones.
Ambos procedimientos son consecuencia de una minuciosa auditoría interna que encargó la nueva dirección del IOR, a la que siguió una denuncia ante la magistratura vaticana, que el Instituto presentó debidamente para reaccionar ante los abusos sufridos y tutelar los bienes de la Iglesia que gestiona. Las sumas confiscadas hoy ya han sido puestas a disposición de la justicia, tras haber sido incautadas en años anteriores en el Vaticano y en la Confederación Suiza.
