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(Vatican News).- "Un teorema para imputar al cardenal Becciu" en la gestión de las inversiones de la Secretaría de Estado a cargo del jefe de la Oficina Administrativa, monseñor Alberto Perlasca, que pasó de investigado a "testigo clave" tras entregar un memorial acusatorio a su superior, el cardenal. Una "colosal ilusión óptica" tramada por el broker Gianluigi Torzi, "un flautista de Hamelín" para dar la responsabilidad decisoria a un minucioso como Fabrizio Tirabassi, sólo funcionario de la misma Oficina Administrativa, y ocultar el fraude y el engaño en perjuicio del propio Tirabassi y de la Secretaría de Estado. Así es como las defensas del cardenal Giovanni Angelo Becciu y de Fabrizio Tirabassi, acusados en el proceso sobre la gestión de fondos de la Santa Sede, han tratado de desmontar las acusaciones de la Oficina del Promotor de Justicia, Alessandro Diddi, pidiendo la absolución de sus defendidos de todos los cargos.
Abrió la octogésima tercera audiencia del proceso iniciado en julio de 2021 el abogado Fabio Viglione, defensor del cardenal Giovanni Angelo Becciu, quien en menos de una hora, en la sala polivalente de los Museos Vaticanos, concluyó el discurso iniciado el 22 de noviembre con su colega Maria Concetta Marzo. El defensor reiteró las "evidentes contradicciones de la acusación, y el prejuicio contra Becciu, medido con hechos documentados" respecto a los cuales "a la luz de lo que hemos reconstruido, su implicación está totalmente injustificada".
Viglione cuestionó la falta de lógica de la acusación: "¿Por qué razón", preguntó, "el cardenal habría violado conscientemente la ley y permitido que personas desconocidas se beneficiaran en detrimento de la Secretaría de Estado? Becciu fue acusado por el promotor de Justicia de los delitos de abuso de funciones, malversación y soborno, solicitando al tribunal una pena de siete años y tres meses de prisión, más una multa de 10.329 euros e inhabilitación perpetua para cargo público. El abogado habló de una "reconstrucción obtusa" de los hechos, basada en las palabras de monseñor Perlasca "portador sano de mala fe, que debería ser el primero en conocer las inversiones realizadas".
Para la defensa de Becciu, su sucesor en el cargo de adjunto, el arzobispo Edgar Peña Parra, en su testimonio en la sala del juicio, "nos dio una imagen clara de quién tomaba las decisiones tras la investigación de las inversiones". Por ello, reiteró Viglione, "es inconcebible, frente a los datos que nos ofrece el juicio, reconocer la responsabilidad del cardenal Becciu en estas inversiones". La génesis del teorema, para el abogado del cardenal, está en el interrogatorio de Perlasca el 29 de abril de 2020, con la invitación del promotor: "Le daremos una segunda vez". La versión del ex jefe de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado, según Viglione, "no ha sido reforzada por el resultado de la audiencia, aunque el Promotor de Justicia lo diga en la acusación".
Las reconstrucciones serían, para su defensa, "todas dirigidas contra el cardenal, traído como salvoconducto para Perlasca por aquellos que inspiraron el memorial del 31 de agosto de 2020". Un acto de acusación contra Becciu, que "viene a sustituir a monseñor Perlasca como por ilusión". Un memorial "a varias manos, con inferencias y sospechas, cosas dichas y no dichas", que habría sido dictado al monseñor por su amiga Genoveffa Ciferri, y sugerido a ella por la pr Francesca Immacolata Chaouqui, bajo la apariencia de una imaginaria "anciana magistrada". Viglione también impugnó los cargos por la financiación a Cáritas de Ozieri, "desaparecida de la acusación", y por los de la cooperativa dirigida por el hermano del cardenal, Tonino, que contaba con la confianza del antiguo obispo de Ozieri Sanguinetti.
El abogado de Becciu explicó entonces que había demostrado que los 25.000 euros de financiación se habían utilizado para volver a poner en marcha la panadería de la cooperativa, destruida por un incendio, que hoy sigue dando trabajo a cientos de personas. Los otros 100.000 euros impugnados al cardenal, fueron solicitados por el obispo Corrado Melis para el proyecto "Cittadella della Carità", dedicado a los últimos habitantes de Ozieri. El propio Perlasca, en la Sala, recordó que los había pagado a Cáritas, "aunque el fiscal no dejaba de preguntarle si se los había dado a la cooperativa del hermano del cardenal".
En sus conclusiones, la letrada Maria Concetta Marzo destacó "el enorme sufrimiento que las acusaciones han causado al cardenal Becciu como hombre y como sacerdote, a pesar de su total inocencia". Las pruebas presentadas en la vista habrían "demostrado la total inocencia del cardenal de cualquier delito imputado". Por eso pidió "una absolución con la fórmula más amplia posible, para restablecer la dignidad personal del cardenal".
Para defender la posición de Fabrizio Tirabassi, acusado de malversación y malversación agravada, abuso de funciones agravado, corrupción y cohecho agravado, blanqueo de dinero/autoblanqueo, fraude agravado, extorsión agravada y abuso de funciones, su abogado Massimo Bassi intervino durante más de cinco horas, tras la arenga de Cataldo Intrieri el 19 de octubre. El defensor subrayó que monseñor Perlasca era "el verdadero jefe de la oficina", no "ese analfabeto de las finanzas que quería mostrarse", "débil, confuso". Ejercía el poder con "puño de hierro", prosiguió, "se alteraba y cometía intemperancias con los empleados". Así pues, Tirabassi fue siempre y únicamente un ejecutor de encargos, sin ningún poder de decisión ni de firma. 'En la Cámara se dirigía a nosotros y nos decía', le recordaban, 'los inferiores (empleados) deben obedecer: estamos acostumbrados a esto''.
Bassi habló además de los acuerdos y contratos en Londres para la compra del edificio de Sloane Avenue y del Óbolo de San Pedro. "No se podría probar que se utilizó para estas inversiones -dijo- sin tener en cuenta el hecho de que ni siquiera era suficiente para cubrir los gastos de la Curia Romana". Y respecto a la costumbre del Instituto para las Obras de Religión de ceder fondos a la Secretaría de Estado, se aclaró que "siempre ha sido una transferencia, no una donación, puesto que ya está en el ámbito de propiedad de la Santa Sede".
El lunes 11 de diciembre, a las 9.30 horas, está prevista la respuesta del Promotor de Justicia y de las partes civiles, mientras que el martes 12 la de las defensas de los acusados. A finales de semana se conocerá el veredicto.
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