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La Conferencia Episcopal, con los extranjeros hacinados en Arguineguín en otoño de 2020
El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española ha denunciado este viernes los pronunciamientos judiciales "que parecen ignorar el dolor" de las personas migrantes que estuvieron hacinadas en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) en otoño de 2020.
La Audiencia de Las Palmas archivó hace un mes una denuncia sobre el campamento del muelle de Arguineguín, donde llegaron a hacinarse más de 2.500 inmigrantes, porque considera que, sus condiciones eran "lamentables" y "pésimas", pero "no se pudo actuar de otra forma".
El archivo de la denuncia ha sido recibido con "honda preocupación" por el Secretariado diocesano de pastoral de migraciones de la Diócesis de Canarias, en un pronunciamiento al que se ha sumado el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
El escrito respaldado por la Conferencia Episcopal Española indica que "cuando las autoridades normalizan este desprecio a la dignidad y el sufrimiento de las personas migrantes, contribuyen a la propagación de actitudes xenófobas en la población en general".
Se critica también que sean las propias autoridades judiciales las que concluyan que las personas que estuvieron en el muelle "pueden considerarse afortunadas" y "que la medida adoptada fue adecuada, por más indeseable que parezca".
Estas expresiones judiciales "parecen ignorar el dolor y las difíciles condiciones en las que vivieron las personas hacinadas en el muelle de Arguineguín el año 2020" denuncia la Conferencia Episcopal.
No parece ajustado a la verdad ni a la dignidad "conformarse con medidas calificadas de adecuadas y a sus destinatarios afortunados mientras se reconoce que fueron indeseables". añade.
"Nadie se siente responsable del sufrimiento de quienes viajan en busca de una vida más digna. Porque si nadie es interpelado, si no dejamos claro que lo ocurrido fue inadecuado, estamos aceptando que se repita
En el escrito del Secretariado diocesano de Canarias se señala que "ninguna emergencia justifica que alguien quede detenido durante semanas en esas condiciones sin que exista ni siquiera una autorización judicial previa, dirigida a minimizar los daños que esa situación provoca en la integridad y la dignidad".
"Para conocer el daño en la dignidad del otro debemos primero reconocerlo como ser humano", recuerda el Secretariado a los jueces, y para ello hay que escucharlos, pero ningún migrante de los que padeció la situación fue llamado ni escuchado "como víctima al evaluar lo sucedido".
"Nadie se siente responsable del sufrimiento de quienes viajan en busca de una vida más digna. Porque si nadie es interpelado, si no dejamos claro que lo ocurrido fue inadecuado, estamos aceptando que se repita", advierte la Diócesis.
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