Manos Unidas insta a revisar la propuesta 'Omnibus' de la UE para evitar que las empresas se salten los derechos humanos y medioambientales

Respetar los derechos humanos y medioambientales en Europa. Este es el eje de la propuesta de revisión del proyecto 'Ómnibus' presentada ante la Comisión Europea por más de 350 instituciones, entre ellas, CIDSE, organización para agencias católicas de desarrollo de la que también forma parte Manos Unidas.

En la misma, dirigida al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo para que se revise esta directiva, cuyos artículos "vienen a rebajar el nivel de ambición sobre la responsabilidad de las empresas en el respeto a los derechos humanos y el cuidado ambiental". Al tiempo, lamentan que el proyecto 'Ómnibus' "implica descafeinar sustancialmente varias normativas, entre ellas la directiva sobre diligencia debida para las empresas, aprobada el año pasado, y en la que tanto hemos trabajado desde Enlázate por la Justicia, junto con muchas otras organizaciones".

"Si se aprueba, supondría un grave retroceso para garantizar los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, afectando especialmente a las poblaciones del Sur por las que trabajamos", señala Marco Gordillo, del departamento de Incidencias y Alianzas de Manos Unidas.

¿Qué implica la propuesta Ómnibus?

Según CIDSE, estos son algunos de los riesgos:

La propuesta Ómnibus es una iniciativa de la Comisión Europea, presentada el 26 de febrero de 2025, que busca simplificar y consolidar diversas normativas relacionadas con la sostenibilidad empresarial en la Unión Europea.

El texto de la propuesta elimina disposiciones clave de la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), debilitando la responsabilidad empresarial y limitando el acceso a la justicia de las víctimas de abusos corporativos. Entre otros cambios preocupantes, la propuesta:

• Reduce la responsabilidad civil de las empresas, dejando su aplicación a discreción de los Estados miembros, lo que puede dificultar el acceso a la justicia.
• Elimina las acciones representativas, impidiendo que ONG, sindicatos e instituciones de derechos humanos representen a las víctimas en tribunales.
• Excluye la obligación de implementar planes de transición climática, permitiendo a las empresas cumplir en teoría sin tomar acciones reales.
• Limita el alcance de la debida diligencia solo a los socios comerciales directos, dejando fuera una gran parte de la cadena de suministro.
• Reduce la frecuencia de monitoreo de las medidas de diligencia debida de cada año a cada cinco años, lo que pone en riesgo su efectividad.
• Elimina el umbral mínimo de sanciones del 5% de la facturación, lo que podría generar sanciones simbólicas y desigualdad entre Estados miembros.

Además, la propuesta Ómnibus debilita la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD), excluyendo aproximadamente al 80% de las empresas de sus obligaciones de presentación de informes sobre sostenibilidad, lo que reducirá drásticamente la disponibilidad y confiabilidad de los datos de sostenibilidad. También introduce incertidumbre en las empresas que ya han comenzado a implementar estas normativas.