'Raíces tras los muros': Los jesuitas denuncian el "laberinto legal" que suponen los CIE en España

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado con un acto en el Congreso de los Diputados la decimoquinta entrega de los informes anuales sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el Estado Español. “Raíces tras los muros” presenta un análisis exhaustivo del internamiento, señalando la paradoja de que en los CIE ingresen personas migrantes con alto arraigo en España, con proyectos familiares y laborales.

La Ley de Extranjería establece que el internamiento debe ser una medida excepcional y no penitenciaria, concebida para facilitar la repatriación. Sin embargo, casos acompañados por SJM y datos oficiales cuestionan esta “excepcionalidad”. Los CIE son utilizados de manera permanente y continua, su funcionamiento no constituye una excepción y se observa una falta de mecanismos de control que garanticen su transparencia y rendición de cuentas.

En 2024 fueron internadas 1.863 personas, de ellas 85 mujeres. Las causas de internamiento se dividen en dos grandes bloques: un 83,9% por órdenes de expulsión y un 16,1% por expedientes de devolución. En concreto, el internamiento sigue mostrando un predominio de causas administrativas, especialmente vinculadas a situaciones de irregularidad documental. Un 70,8% de las personas fue internada por mera estancia irregular en territorio y un 10,14% por entrada irregular por vía marítima.

Cerca de la mitad no fueron repatriados

Uno de los datos más llamativos es que cerca de la mitad de las personas internadas no fueron repatriadas: salen de los CIE tras una inútil privación de libertad que ha supuesto un enorme coste económico, social y sobre todo humano. El SJM constata que el internamiento en CIE siempre es lesivo para la persona. Las perspectivas tras la expulsión o devolución, el aislamiento, las barreras comunicativas, los problemas de salud mental arrastrados o agravados en el internamiento impactan gravemente en la vida de las personas. En 2024 se aplicaron 14 protocolos de prevención de suicidio y de otras formas de autolisis, 166 separaciones preventivas y 358 quejas, concentradas en Madrid y Barcelona.

Las visitas de los equipos del SJM permiten trazar un perfil de las personas internadas: el 59,6% llevaba entre 1 y 7 años en España, un un 63,08% tenía entre 25 y 46 años, y se identificaron 40 nacionalidades distintas, con mayor presencia de Marruecos (30,4%) y Colombia (16%).

Ausencia de una mirada estatal

Alianzas locales entre entidades sociales manifiestan la ausencia de una mirada estatal que garantice estándares homogéneos en el respeto de los derechos fundamentales. Se exponen retos como la opacidad en la reapertura del “macro” CIE de Algeciras, la necesidad de protocolos de prevención de violencia, canales de denuncia segura, el acceso a servicios de traducción e interpretación, recursos de atención en salud mental y acceso sin trabas de ONG y familias.

A estas carencias se suma un laberinto legal que dificulta a las personas internas el acceso a la defensa letrada y la tutela judicial, así como la opacidad en el funcionamiento de los CIE. Estos centros constituyen un eslabón más en el sistema de control migratorio. La brecha entre políticas públicas que promueven desplazamientos seguros, acogida e inclusión, y medidas que refuerzan el control policial y racial sobre las personas migrantes, se ha profundizado de manera alarmante. Más aún tras la aprobación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) y la proliferación de discursos que criminalizan a las personas migrantes.

Tras más de 15 años de visitas y acompañamiento en CIE, el SJM constata que el internamiento es una medida ineficaz, lesiva y peligrosa para la vida y los derechos de las personas migrantes. Un año más, se subraya la necesidad de acabar con la privación de libertad como herramienta de gestión migratoria.