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La población se enfrenta a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia
¿Cómo afrontar la distancia social viviendo hacinados en los asentamientos de Quito o Tegucigalpa? ¿Cómo lograr el aislamiento de las comunidades indígenas del Amazonas sin desatenderlas sanitariamente? ¿Cómo tratar a los contagiados con una infraestructura sanitaria tan básica en la que palabras como UCI o respirador suenan a ciencia ficción? ¿Cómo adoptar medidas de higiene cuando 37 millones de personas no tienen agua potable? ¿Cómo sobrevivir al confinamiento cuando 140 millones viven de la economía informal y buscan su sustento diario en las calles de ciudades como Lima o Guatemala? ¿Cómo sustituir la principal comida diaria en las escuelas a 85 millones de niños? ¿Cómo confiar en las medidas de algunos gobiernos corruptos y autoritarios que promulgan leyes para que policías y soldados pueden vulnerar derechos con total impunidad?
La crisis del coronavirus no es solo una emergencia sanitaria; Latinoamérica se enfrenta a la mayor crisis económica de las últimas décadas. Según datos de la Comisión Económica para America Latina y Caribe, la recesión va a provocar que 30 millones de personas bajen al nivel de la pobreza absoluta, se incremente el desempleo, se acentúe la desigualdad de género y se dé un importante paso atrás en la sostenibilidad ambiental.
Parecería que el modelo de la globalización se ha agotado: el acaparamiento de tierras para exportar productos que ahora nadie comprará, las remesas de emigrantes que no llegarán, el sector turístico que no recibirá visitas, etc. El colapso está siendo tan brutal que en muchos países se oye ya el grito «prefiero morir por el coronavirus que morir de hambre».
Hay que preparase para una recuperación de la salud y el bienestar de todos los pueblos latinoamericanos y de nuestra «casa común», y que esto sea el centro de todas las políticas y la guía que oriente la solidaridad con los más desfavorecidos.
En todo el continente americano hay un flujo importante de personas como consecuencia de los conflictos armados, sociales y políticos. Solo en Colombia se calculan ocho millones de desplazados internos y casi dos millones de migrantes venezolanos. Ellos son uno de los grupos más afectados por la pandemia. Discriminados por la población de los lugares de acogida, carecen de lo más esencial: atención sanitaria, alimentos, trabajo y techo.
Las comunidades indígenas, ya en situación de vulnerabilidad a causa de enfermedades congénitas, desnutrición y carencia de agua potable, van a sufrir la crisis sanitaria y alimentaria de manera grave. La mayoría de los gobiernos, que deberían estar protegiéndoles, están dando facilidades a las industrias extractivas, hidroeléctricas y de agricultura y ganadería extensiva, en detrimento del medio ambiente y del respeto a sus derechos
Manos Unidas es una ONG de desarrollo y no debe cambiar radicalmente su forma de trabajar, pero tampoco podemos desatender las peticiones de ayuda humanitaria que nos llegan para apoyar a los colectivos más golpeados por la pandemia: migrantes y refugiados, indígenas, campesinos sin tierra, personas mayores, víctimas de la represión, de la violencia de género y menores de edad que sufren violencia sexual.
En este actuar estamos priorizando la agricultura familiar que garantice el acceso a alimentos a un coste razonable, para lo cual tenemosque facilitar semillas de ciclo corto, como el maíz o el frijol. Nuestro trabajo de los últimos años en seguridad alimentaria y economía solidaria están resultando cruciales en este momento para muchas comunidades.
Finalmente, tendremos que apoyar la participación de nuestras contrapartes en la sociedad civil organizada, para que incidan en la defensa de los derechos y necesidades de la población más vulnerable.
Se abre una etapa dura y difícil en la que seguiremos estableciendo líneas de diálogo con cada uno de nuestros socios locales. Serán ellos quienes nos marcarán el camino a seguir y nosotros, ahora más que nunca, debemos apoyarles.
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