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Dura carta del Servicio Jesuita de Migrantes al ministro del Interior sobre los CIE
El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha denunciado en una carta enviada al Ministerio del Interior la situación de las personas internas en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), así como la reactivación de las repatriaciones.
En un comunicado, el SJM ha explicado que ha escrito una carta al ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en la que traslada su "profunda preocupación y disconformidad" con la gestión adoptada en el ámbito y funcionamiento de los CIE, que continúan sin cumplir con las condiciones adecuadas para evitar contagios y garantizar la salud y derechos de las personas internadas y trabajadoras.
Esta ONG católica denuncia que las primeras personas internadas tras retomar la actividad han tenido destinos diferentes al cumplir el plazo máximo de estancia de 60 días.
"Aquellos que estaban en Murcia fueron puestos en libertad, poniendo de manifiesto el uso irresponsable y desproporcionado de esta medida tan restrictiva de internamiento, decidida por criterios políticos sin tener clara la disponibilidad de los países de origen para readmitir a sus nacionales", lamenta.
Sin embargo, aquellos que han estado en los centros de Barcelona y Madrid, han sido finalmente llevados a Argelia justo antes de alcanzar los 60 días máximos de internamiento. "Una repatriación que se ha producido en ambos casos de madrugada y sin la notificación previa preceptiva legalmente, vulnerando los derechos de las personas afectadas y despojándolas de toda dignidad y respeto".
Señala que el Ministerio del Interior sigue incumplimiento su deber legal de transparencia, proporcionando los datos fuera de plazo y denegando "injustificadamente" el acceso a parte de la información solicitada.
"El Gobierno mira hacia otro lado en la gestión de los flujos migratorios, anteponiendo las medidas restrictivas y de expulsión en lugar de dar una respuesta humanitaria de calidad y de respeto a los derechos humanos", reprocha.
Además, advierte de que tras llevar meses en activo, los CIE continúan sin tener un protocolo de actuación que establezca medidas comunes en los distintos centros para garantizar la seguridad, la salud y los derechos de las personas internadas y trabajadores frente a la covid-19.
Estas "graves deficiencias" en los procesos y en los servicios básicos suponen "un trato cruel e inhumano" a las personas privadas de libertad, concluye.
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