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Iniciativa Legislativa Popular por los derechos fundamentales de cada ser humano
(Esenciales).- Esta semana tendrá lugar el acto de presentación de la campaña Esenciales, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para llevar al Congreso la regularización de personas migrantes. El objetivo de la ILP es conseguir una regularización general y extraordinaria de 500.000 personas migrantes, para que puedan ejercer derechos básicos como el acceso a la vivienda, a la educación o a la sanidad.
Este tipo de iniciativas tienen que reunir un total de 500.000 firmas para salir adelante, de las que Esenciales ha conseguido ya más de 100.000 desde que echó a andar. La campaña cuenta también con el apoyo de cerca de 600 organizaciones sociales.
El acto de presentación tendrá lugar hoy martes 15 de marzo, a las 11.00 horas, frente al Congreso de los Diputados (Carrera de San Jerónimo, s/n. Madrid). La convocatoria contará con una instalación visual consistente en la reproducción del estrado del Congreso, donde dos portavoces de la iniciativa contarán a los medios de comunicación asistentes los detalles de la ILP.
Esenciales es un proyecto social impulsado por un grupo de organizaciones entre las que se encuentra #RegularizacionYA, un movimiento estatal que suma colectivos, redes y organizaciones de personas migrantes y racializadas con gran legitimidad y presencia en el territorio nacional; Fundación para la Ciudadanía Global, una organización de defensa de los derechos humanos; la Fundación Por Causa, una organización que lucha por lograr cambios en la política migratoria española y europea a través de la información, la investigación y la comunicación; REDES, una agrupación de más de cincuenta entidades dedicadas a la Cooperación al Desarrollo; Alianza para la Solidaridad, una ONG de Cooperación para el Desarrollo miembro de la Federación Internacional de ActionAid y Por un Mundo Más Justo, un partido político que tiene por propósito central defender la idea de ciudadanía global, el respeto de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
Las estimaciones más recientes calculan que en España residen de manera administrativa irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad. El sistema de acceso a la residencia contemplado en la ley de extranjería resulta insuficiente y limitado, no se ajusta a la realidad y no responde a la situación actual de exclusión de las personas migrantes que viven y trabajan en el Estado español.
Esto genera una situación de vulnerabilidad y desprotección que acrecienta la exclusión social e impacta en el conjunto de la sociedad. La situación de irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación y la sanidad. Ante esta situación, una regularización extraordinaria supondría una apuesta por los derechos fundamentales de cada ser humano.
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