Medio millón de vidas en el limbo

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de inmigrantes sin papeles ha revelado un desfase inquietante entre la sociedad y sus instituciones. Respaldada por más de 610.000 firmas y 900 organizaciones sociales, sindicales, empresariales y religiosas, esta propuesta buscaba dar un marco legal a cerca de medio millón de personas que viven y trabajan en España en situación irregular.

Admitida a trámite en el Congreso hace diecisiete meses, la iniciativa se encuentra hoy bloqueada por la falta de voluntad política. “La hospitalidad no es una opción, es un deber moral y social”¹, advirtió la Conferencia Episcopal en apoyo a la medida. El eco es profundo: el Evangelio recuerda con fuerza universal “Fui forastero y me acogisteis” (Mt 25,35).

Una propuesta con amplio respaldo

La ILP se concibió como una herramienta excepcional para regularizar a quienes no encuentran salida en las vías ordinarias. Muchos solicitantes de asilo rechazados, trabajadores en la economía sumergida o familias sin papeles han quedado atrapados en un bucle legal. El apoyo fue transversal: desde Cáritas hasta asociaciones empresariales, pasando por sindicatos y ONG de derechos humanos. “Nadie debería ser ilegal por querer vivir con dignidad”², afirmó Cáritas, sintetizando el espíritu de la iniciativa.

El marco legal vigente y sus límites

La legislación española en materia migratoria se asienta en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social³. Este texto reconoce derechos fundamentales —educación, sanidad, trabajo—, pero supeditados a la autorización administrativa de residencia. Su desarrollo reglamentario fue durante años el Real Decreto 557/2011, que fijaba condiciones muy restrictivas: tres años de permanencia continuada en España, contrato laboral y ausencia de antecedentes penales para obtener el arraigo social.

En noviembre de 2024 se aprobó el nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024), en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que redujo algunos plazos y creó nuevas modalidades de arraigo, como el socioformativo o el de segunda oportunidad⁴. No obstante, el sistema sigue exigiendo requisitos difíciles de cumplir para quienes solo pueden acceder a empleos precarios o informales. Como denuncia un abogado de extranjería: “Se pide un contrato legal a quien no puede conseguirlo precisamente porque carece de papeles. Es un círculo vicioso que perpetúa la exclusión”⁵.

Un volumen humano invisible pero esencial

En España residen actualmente entre 470.000 y 500.000 personas en situación administrativa irregular. Aunque invisibles en los registros oficiales, son muy visibles en la vida cotidiana: trabajan en el campo, limpian hogares, cuidan a mayores y sostienen sectores como la hostelería o la construcción. Informes independientes advierten de que una regularización extraordinaria no solo respondería a un imperativo ético, sino que también aumentaría la recaudación fiscal y de la Seguridad Social, reduciendo la economía sumergida y reforzando la cohesión social⁶.

El desfase entre sociedad y política

La ILP demostró que la sociedad civil puede articular consensos amplios en cuestiones sensibles. Sin embargo, la política ha quedado atrapada en el miedo y la polarización. Vox rechazó la propuesta desde el inicio y ha radicalizado su discurso hasta superar a muchos de sus homólogos europeos. El Partido Popular, presionado por la Iglesia y por sectores empresariales, permitió que la ILP iniciara su recorrido parlamentario, pero luego se ha ido alineando progresivamente con la extrema derecha. El Partido Socialista desempolvó la iniciativa en 2024 como un parche frente a los vacíos del nuevo reglamento, pero nunca la asumió como prioridad política. El resultado es el actual bloqueo: medio millón de personas atrapadas en la irregularidad, pese al consenso social en favor de su reconocimiento.

Conclusión exigente

El fracaso de la ILP es más que un revés legislativo: es un fracaso moral e institucional. Revela la incapacidad de los partidos para responder a un problema que la sociedad ya ha diagnosticado y para el que ha ofrecido una salida justa. España se beneficia a diario del trabajo de cientos de miles de personas invisibles en el BOE, pero indispensables en la vida real. La pregunta del Evangelio resuena con más fuerza que nunca: “¿Qué hiciste con el forastero?” La respuesta, de momento, es incómoda: lo dejamos en el limbo legal. Si la política no corrige este rumbo, España habrá perdido una oportunidad histórica de demostrar que dignidad, justicia y hospitalidad pueden estar en el centro de nuestro proyecto común.

Notas

1. Conferencia Episcopal Española, Nota sobre migraciones y hospitalidad , 2023.
2. Cáritas Española, Comunicado de apoyo a la ILP de regularización extraordinaria , 2023.
3. BOE, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social .
4. BOE, Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 , en vigor desde el 20 de mayo de 2025.
5. Testimonio recogido en Abogacía de Extranjería. Informe anual sobre migración y derechos humanos , 2024.
6. Informe Impacto económico de la regularización extraordinaria en España , Fundación PorCausa, 2023.