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"El Ayuntamiento ha creado un problema donde no lo había"
Otra vez Murcia. Hace unas semanas fue Torre Pacheco. Ahora Jumilla, una ciudad situada al norte de la Región, una zona vinícola. Murcia es una región eminentemente agrícola con un alto porcentaje de inmigrantes africanos, particularmente musulmanes, quienes llevan el peso de la mano de obra en el campo, realizando tareas que muchas personas españolas no quieren hacer.
Sin embargo, a pesar de la valiosa aportación que realizan a la economía regional y del país y de la riqueza cultural y étnica que implica su presencia en la región, crece en las instituciones municipales y en la sociedad el racismo y la xenofobia a causa de la presencia de Vox en los organismos institucionales de la Comunidad Autónoma y del seguimiento de su política racista por parte del PP. El racismo se manifiesta especialmente contra los inmigrantes musulmanes que son gente humilde y trabajadora, labora en jornadas interminables, percibe bajos salarios y, en muchos casos, carecen de seguridad social; no se manifiesta, en cambio, contra los empresarios musulmanes que operan en la Región. Es un racismo aporofóbico que se ceba en las personas y las familias musulmanas empobrecidas.
El Partido Popular se ha plegado a las exigencias de Vox, tanto en el gobierno de la Comunidad de Murcia como en el Ayuntamiento de Jumilla. Para su apoyo a los presupuestos, Vox ha exigido al PP, como condición necesaria e irrenunciable, que prohíba a los musulmanes seguir celebrando en el polideportivo municipal sus fiestas del final del Ramadán y del Cordero, que llevan celebrando varios años sin incidente alguno, en plena armonía, con el respeto del vecindario y pagando los cánones establecidos por el Ayuntamiento. El PP ha cedido a las exigencias de Vox y el Ayuntamiento ha prohibido la realización de dichas fiestas en el polideportivo municipal. Y Vox se ha apuntado el éxito.
Para justificar sus medidas islamófobas, la alcaldesa de Jumilla ha afirmado en una entrevista concedida al diario EL PAÍS (8 de abril de 2025): “Vamos a priorizar nuestra identidad y tradiciones”. Una afirmación que coincide con la de Santiago Abascal de “proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura”. En la misma entrevista afirmaba que iba a conceder “una subvención a las tres parroquias del municipio para invertir en el mantenimiento de sus edificios”. La contradicción no puede ser más llamativa: se prohíbe a la comunidad musulmana el uso de las instalaciones deportivas municipales, cobrando la cuota correspondiente, mientras se conceden subvenciones a la Iglesia católica.
La Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII no puede aceptar tan estrecha y excluyente concepción de nuestra identidad cultural, que se caracteriza por una gran y rica pluralidad. En el caso que nos ocupa, la cultura musulmana ha conformado históricamente y sigue conformando hoy nuestra identidad
La Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII no puede aceptar tan estrecha y excluyente concepción de nuestra identidad cultural, que se caracteriza por una gran y rica pluralidad. En el caso que nos ocupa, la cultura musulmana ha conformado históricamente y sigue conformando hoy nuestra identidad.
Nuestra Asociación, que opta y trabaja por una sociedad intercultural, interreligiosa e interétnica en diálogo y convivencia, denuncia estas actitudes, normativas y prácticas racistas, xenófobas, islamófobas, y aporofóbicas por ser contrarias al Evangelio de Jesús, a la Doctrina Social de la Iglesia, a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a la Constitución Española (artículos 14 y 16). Son prácticas antidemocráticas, atentan contra la libertad religiosa y la igualdad de todas las religiones ante la ley, discriminan a la comunidad musulmana y resultan contrarias al respeto al pluralismo y al diálogo y encuentro enriquecedor entre culturas, espiritualidades, sabidurías y religiones, condición necesaria para la convivencia pacífica y el desarrollo humano de nuestro país.
Junto con otras organizaciones religiosas y cívicas y con el Gobierno español, pedimos, exigimos y reclamamos al Ayuntamiento de Jumilla que retire la actual normativa, porque ha creado un problema donde no lo había. Y lo pedimos en favor de la ejemplar convivencia que viene reinando entre la plural ciudadanía étnica, cultural y religiosa jumillana; una convivencia que la institución municipal tiene la obligación cívica de promover y nunca dinamitar, como está intentando hacer con tan desafortunada y excluyente normativa.
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