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El Gobierno colombiano ha retirado al equipo que investigaba el secuestro
(Agencia Fides) - El tiempo pasa, inexorable y cruel: hace ya 4 años y 5 meses que la hermana Gloria Cecilia Narváez, religiosa colombiana de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, cayó en manos de los yihadistas en Malí (véase Fides 8/2/2017).
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM), la rama de Al Qaeda con sede en Malí, reivindicó el secuestro el 1 de julio de 2017 y colgó en internet un vídeo en el que se veía a la religiosa cautiva en el desierto del norte de Malí.
“En el vídeo se lanzaban acusaciones absurdas contra la hermana Gloria y todos los misioneros que trabajan en Malí y en el Sahel musulmán”, escribe a la Agencia Fides el padre Marco Prada, sacerdote de la Sociedad para las Misiones Africanas (SMA) y hermano del padre Gigi Maccalli quién también fue rehén de los mismos secuestradores de la religiosa, pero que fue liberado en octubre de 2020 (véase Fides 9/10/2020). “Gloria Cecilia Narváez fue enviada por su congregación a Mali para predicar el cristianismo y convertir a los musulmanes a la religión cristiana. Ella y su congregación tienen como única intención despojar a los musulmanes de Malí de sus creencias y sustituirlas por mentiras”, esta era una de las acusaciones realizadas.
En septiembre de 2017, las autoridades colombianas habían destacado el mal estado de salud de la hermana Gloria. “Está viva, pero su estado de salud no es bueno. Tiene problemas en una pierna y en un riñón”, había dicho el general Fernando Murillo, comandante de la policía colombiana responsable de la investigación del secuestro.
El p. Prada explica también que la rehén francesa Sophie Pétronin, durante mucho tiempo compañera de cautiverio de la hna. Gloria y posteriormente liberada, había confirmado la gravedad de su estado de salud.
Hace unas semanas circuló en las páginas de algunos periódicos colombianos la noticia de que el gobierno del país de la hermana Gloria había retirado al grupo de investigadores, pertenecientes a las fuerzas especiales del ejército y a los servicios secretos colombianos, enviados a Malí hace un año y medio para una operación de búsqueda y rescate de la religiosa. Estaban encargados de establecer contacto con los secuestradores y, junto con sus colegas malienses, facilitar la liberación de la mujer.
El Gobierno no ha dado ninguna explicación sobre esta medida.
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