Los obispos belgas piden mejorar los procesos para regularizar a los inmigrantes indocumentados en el país

La Iglesia belga tiende la mano a los inmigrantes indocumentados que hay en el país —unos 150.000— y pide al gobierno que revise los vigentes procedimientos de regularización. Lo hace en un comunicado de la Comisión Episcopal Diaconía de la Conferencia Episcopal en el que se reclaman «medidas de pura humanidad» que garanticen el «acceso real» de estas personas «a las prestaciones sociales y a los servicios básicos (vivienda, atención sanitaria, educación, asistencia jurídica, apoyo social)».

El documento episcopal comienza constatando el sinsentido que supone que la sociedad belga haga gala de solidaridad ante las crisis humanitarias, y luego manifiesta pasividad e indolencia respecto de los extranjeros indocumentados que hay en el país, víctimas muchos de ellos de esas mismas crisis humanitarias. «Aunque sus trayectorias vitales, nacionalidades y estrategias de supervivencia son muy diversas, todos comparten el mismo sueño: ser reconocidos por Bélgica, poder estudiar o trabajar allí legalmente... y pagar impuestos», dice el documento. Estas personas, se insiste, también son parte de la sociedad —van a la escuela, trabajan, participan en asociaciones, etc.— y, «sin embargo, Bélgica los ignora. Les culpa de haber entrado ilegalmente en su territorio y solo utiliza el lenguaje del retorno, "voluntario si es posible, forzado si es necesario". Y lo que es más grave, los mantiene en condiciones de supervivencia e inseguridad que desafían toda dignidad humana, mientras esperan su posible expulsión del país».

Derrotar a los traficantes

La primera medida a adoptar, a juicio del episcopado, es la creación a nivel europeo de «nuevas vías legales y seguras» que faciliten la inmigración, especialmente de aquellos sectores necesitados de personal laboral, «para derrotar a las redes criminales de traficantes de personas».

La segunda decisión debería ser una flexibilización de las solicitudes de regularización por motivos médicos y por reagrupación familiar. «El matrimonio y la vida familiar son un derecho fundamental, también para los extranjeros», afirman.

Los obispos denuncian que la concesión del permiso de residencia por circunstancias excepcionales «no puede seguir siendo un arma secreta a discreción del poder político». De ahí que exijan la publicación de «un reglamento» con la lista de criterios de regularización y una más exhaustiva información para la renovación del estatuto de residencia.

Una obligación moral y legal

Para la Iglesia belga, la atención de las personas indocumentadas no es ningún «favor», sino una obligación moral y legal asumida internacionalmente por el Estado. Las autoridades deben ser conscientes asimismo de que no pueden garantizar una calidad de vida al conjunto de la población manteniendo a una parte de ella «en la clandestinidad». La mayoría de indocumentados se hallan en una situación «dramática» debido a que han perdido toda fuente de ingresos por la crisis de la covid-19.

Los obispos demandan «respuestas estructurales» que permita acogerlos con dignidad. «Abogamos —dicen— por la aplicación de un conjunto de medidas que permitan salir del círculo vicioso en el que nuestro Estado crea, por su actitud intransigente —incluso dogmática—, cada vez más personas en situación irregular, y por tanto más inseguridad y desesperación».

La Comisión Episcopal Diaconía se encarga de la atención pastoral de aquellas personas que viven en condiciones que se pueden considerar indignas. Está presidida por el obispo de Lieja, Jean-Pierre Delville.