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La Familia Misionera Donum Dei regenta varios restaurantes y albergues en Francia
Nuevo escándalo en la Iglesia francesa, esta vez dirimidos en un tribunal civil y que amenaza con una sentencia condenatoria para la asociación Familia Misionera Donum Dei (FMDD) y su directora en el momento de los presuntos delitos, por emplear sin permiso de trabajo a decenas de mujeres jóvenes, reclutadas en África y Asia, que durante años han sido destinadas a servir en casas y restaurantes gestionados por la FMDD en Lisieux, Domrémy-la-Pucelle, Lourdes, Bensançon, Menton o incluso Marsella, según informa el diario La Provence.
Este martes 5 de julio comienza el juicio en el tribunal penal de Épinal, al que están citados los entonces responsables de la asociación, acusados de “realización de trabajos ocultos por una persona jurídica” y “empleo de un extranjero sin permiso de trabajo”.
Ya en el año 2014, esta asociación -fundada en 1984 por el P. Marcel Roussel-Galle, y presente en los cinco continentes- fue acusada de que “hacía trabajar a las jóvenes sin papeles ni protección social durante interminables jornadas que comenzaban a las 5 de la mañana y terminaban tarde, después del último servicio nocturno”.
“Todo esto, por un salario de 15 a 20 euros al mes: apenas suficiente para pagar la tarjeta telefónica que les permitiera dar noticias a sus familias en casa... En cuanto a las vacaciones aleatorias, algunas sólo se concedían cada cuatro o cinco años”.
Según las informaciones, “aisladas del mundo exterior -no se les permitía ver a un médico a solas-, algunas de estas jóvenes huyeron” y fue cuando contaron su experiencia y comenzaron las investigaciones por parte de la fiscalía de Epinal, a quien narraron también que tenían sus pasaportes confiscados.
Finalmente, en 2017, la FMDD fue acusada de “eludir intencionadamente (...) las declaraciones relativas a los salarios y las cotizaciones sociales” de unas cincuenta mujeres, acusación a la que Agnès Berthomé, entonces responsable legal de la asociación en Francia, y que ahora está siendo juzgada por ello, declaró que ella y las trabajadoras “nunca se habían considerado empleadas y empleadores”, sino “hermanas con misiones encomendadas en tal o cual lugar de peregrinación”.
Junto a esta expliación la asociación eclesial añadió que La FMDD añadió que los trabajadores de la misma “entran en la excepción religiosa y no en el derecho laboral”, algo que la fiscalía gala no comparte.
En este sentido, ya en 2015 la Santa Sede había iniciado una investigación canónica en la que se establecía que, al no ser “ni laicos consagrados ni monjas”, las jóvenes no podían quedar exentas del derecho laboral. Pero fue esta “ambigüedad” sobre su estatus, mantenida por la FMDD y planteada a lo largo de la investigación, la que llevó a las diócesis a concederles el derecho a gestionar albergues y restaurantes.
A día de hoy, según narra el diario La Provence, y aunque ahora las trabajadoras de la FMDD tienen tarjeta sanitaria y “ciertos derechos de jubilación”, un reciente cambio en el estatuto canónico hace que “todavía sea posible seguir utilizando sus servicios sin tener que pagarlos”, siempre que renueven sus votos cada año.
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