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Temen que, con la excusa del terrorismo, se persiga el activismo político con la excusa de la sospecha de terrorismo
La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas denunció este lunes en una carta pastoral el "patrón de intimidación" impuesto por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte y expresó su preocupación por la polémica ley antiterrorista, el cierre del canal de televisión ABS-CBN, el mayor medio filipino, o los ataques a periodistas.
El mandatario firmó en junio la ley antiterrorista, que entró en vigor este fin de semana, lo que ha causado una gran preocupación entre expertos legales y organizaciones de derechos humanos, ya que temen que sirva para perseguir el activismo político con la excusa de la sospecha de terrorismo.
El presidente en funciones de la conferencia episcopal, el obispo Pablo Virgilio David, firma esa carta publicada hoy en la que critica que el gobierno certificara esa ley como urgente en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 y desoyera la reticencias a ella de partidos de la oposición, sindicatos, organizaciones empresariales y abogados.
"Las voces contrarias a la ley fueron fuertes, pero no fueron escuchadas", lamentó David, obispo de Caloocan, uno de los mayores críticos de Duterte entre la jerarquía católica, especialmente de su guerra contra las drogas, lo que le ha granjeado insultos por parte del mandatario.
Además de ampliar el tiempo de arresto sin cargos de tres días a 24, la ley amplía el rango de delitos que puede considerarse terrorismo e incluye la incitación al terrorismo, categoría que podría usarse para castigar cualquier manifestación contra el gobierno.
"Sabemos muy bien que una cosa es estar involucrado en un delito y otra muy diferente es ser sospechoso de cometer un delito", aclaró David, quien recordó que el año pasado un grupo de sacerdotes y obispos fueron acusados de sedición, cargos que finalmente fueron retirados por falta de pruebas.
La Iglesia Católica, institución muy influyente en el país con más católicos de Asia -el 80% de la población-, indicó que las detenciones sin orden judicial que contempla la ley recuerdan a los "movimientos iniciales" a la declaración de la ley marcial en 1972 por parte del entonces presidente filipino, Ferdinand Marcos, que "eventualmente condujeron a la caída de la democracia y al surgimiento de un regimen dictatorial que aterrorizó al país durante 14 años".
En la carta pastoral, David también lamenta el empeoramiento de la libertad de prensa con el cierre definitivo de ABS-CBN, la televisión más antigua del Sudeste Asiático y mayor medio de Filipinas, después de verse envuelta en una disputa con el propio Duterte, que en numerosas ocasiones la acusó de publicar noticias "injustas" sobre él y amenazó con retirarle la licencia de emisión.
"¿No es evidente cómo este patrón de intimidación crea una atmósfera perjudicial para la libertad de expresión en nuestro país?", escribió David.
La relación de Duterte con la jerarquía católica de Filipinas ha sido controvertida desde los inicios de su mandato, cuando varios obispos criticaron los abusos de derechos humanos en la guerra contra las drogas, a lo que el presidente respondió insultándoles e incluso burlándose de la doctrina católica.
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