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Los buscadores informales trabajan de manera precaria y bajo nulas condiciones de seguridad
El principal líder católico de Myanmar ha reclamado «justicia económica y ecológica» después de que 172 mineros informales murieran sepultados el jueves en Hpakant, en el estado de Kachin. Los hechos se produjeron cuando los trabajadores intentaban buscar trozos de jade y fueron arrasados por un corrimiento de tierra producido por las fuertes lluvias.
Además de por el lodo de la montaña, «fueron enterrados por un alud de injusticia», denunció el arzobispo de Yangon, cardenal Charles Bo, en un mensaje publicado el sábado y del que se hace eco Crux. «Fueron sacrificados en el altar de la avaricia, por la total negligencia y arrogancias de empresas que siguen deshumanizando a los pobres del país».
El suceso ocurrió a primera hora del jueves cuando los mineros extraían jade de las laderas excavadas por maquinaria pesada en cinco parcelas abandonadas y donde los buscadores informales trabajan generalmente de manera precaria y bajo nulas condiciones de seguridad. En esta ocasión, para ganarse la vida, ignoraron las alertas de seguridad que advertían del riesgo ligado a las fuertes lluvias.
Los accidentes en este tipo de yacimientos son habituales en el país. En abril del año pasado, al menos 54 personas murieron a causa de un corrimiento de tierras en otra mina de Hpakant, localizada a unos 800 kilómetros al norte de la capital, Naipyidó.
Birmania es el mayor productor mundial de jadeíta, una preciada variedad de jade que se extrae principalmente en las montañas de Kachin. La ONG Global Witness denunció en 2015 la precaria situación en la que trabajan los buscadores de jade. Según datos de 2014, el valor total de la industria minera de Myanmar se calcula alrededor de los 31 millardos de dólares. Sin embargo, una mínima parte de ellos es redistribuida también a la población, que en gran parte es excluida de las ganancias de la venta.
Esta entidad ha criticado que las ganancias de la venta son prerrogativas del ejército y de exponentes cercanos a la junta militar que por decenios gestionó el poder en la ex Birmania. Activistas y exponentes de la sociedad civil auspician que este incidente pueda servir como «llamada de atención» al Gobierno de Myanmar guiado de facto por Aung San Suu Kyi, cuyo partido prometió reformas y lucha contra la corrupción sin lograr hasta ahora el objetivo.
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