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El juicio contra el purpurado, acusado de colaborar con potencias extranjeras, arranca hoy
A sus 90 años, el cardenal salesiano Joseph Zen, se sienta a partir de hoy en el tribunal de West Kowloon (China), junto a otros cinco conocidos miembros del frente democrático, acusados de administrar el Fondo 612, una fundación de ayuda humanitaria para activistas detenidos por el régimen chino. Un juicio por el que la Santa Sede expresó en mayo su "preocupación", que comparte el Papa Francisco, como apuntó en su vuelo de regreso de Kazajistán.
"Sí, es cierto que hay cosas que nos parecen antidemocráticas, eso es verdad. El Cardenal Zen irá a juicio estos días, creo. Y él dice lo que siente, y se ve que hay limitaciones allí", explicó Bergoglio, quien se negó a calificar a China de país antidemocrática, apuntando que "más que calificar, porque es difícil, y yo no lo considero calificar, son impresiones, intento apoyar la vía del diálogo. Entonces en el diálogo se aclaran muchas cosas y no sólo de la Iglesia, también de otros sectores por ejemplo".
Lo cierto es que Zen y sus acompañantes en el banquillo de los acusados -la abogada Margaret Ng, la cantante Denise Ho, el exparlamentario Cyd Ho, el académico Hui Po-keung y el activista Sze Ching-wee-, habrán de afrontar una dura acusación de no haber registrado correctamente un fondo humanitario, el 612, del que eran fideicomisarios. Sin una acusación por amenaza a la seguridad nacional, los acusados podrían recibir una multa máxima de 1,750 dólares.
La policía arrestó al obispo emérito de la ciudad y a los demás acusados por el cargo mucho más grave de "colusión" con fuerzas extranjeras, en violación de la draconiana ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en el verano de 2020.
Hasta que fue cerrado en octubre del año pasado, el Fondo 612 ayudó a miles de manifestantes prodemocráticos que habían participado en las protestas de 2019. Todos los acusados se declararon inocentes y sus abogados defensores cuestionan que la organización benéfica tuviera la obligación de registrarse según la Ordenanza de Sociedades. La defensa también pide que en la interpretación de la ordenanza se tenga en cuenta el derecho de asociación de los ciudadanos consagrado en la mini-Constitución local (Basic Law).
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