Nuevo choque de los obispos polacos con el Gobierno (ahora por el aborto)

"Oremos por las autoridades, especialmente en nuestra patria, para que en su servicio a la nación defiendan el derecho inalienable al respeto de todo ser humano a la existencia desde la concepción hasta la muerte natural". Esta es la oración que acaba de publicar la Conferencia Episcopal de Polonia (CEP que se recitará a partir de ahora en todos los servicios religiosos en plena ofensiva de Gobierno para facilitar el aborto en uno de los países europeos con la legislación más restrictiva en este asunto.

El primer ministro Donald Tusk presentó el viernes las directrices para las clínicas y las autoridades judiciales que pretenden garantizar que los médicos y fiscales estén "del lado de las mujeres" con “procedimientos conformes a la ley que en la práctica permiten el acceso al aborto legal”, según informa Katholisch.

"El contenido de las directrices y la forma en que fueron publicadas son motivo de grave preocupación", afirmó en un comunicado el panel de expertos en bioética de la CEP frente a lo que considera que solo tiene como objetivo practicar abortos sin consideraciones éticas y en contra de las protecciones constitucionales, señala el mismo medio.

Contra los derechos de los médicos

La Iglesia acusa al Gobierno de “violar el derecho legalmente consagrado del médico a consultar a un especialista competente por iniciativa propia” para indagar en las causas que se aducen para solicitar el aborto, según ese grupo de expertos.

Sin embargo, la ministra de Sanidad considera suficiente la recomendación de un especialista. "Por ejemplo, si una mujer acude a un psiquiatra y el psiquiatra cree que existe un riesgo para su salud mental, el certificado que expide es suficiente para realizar un aborto", afirmó.

En Polonia los abortos sólo están permitidos si existe riesgo para la salud de la mujer o después de una violación. Según estadísticas oficiales, en 2023 se produjeron 423 abortos legales. En 2022 solo eran 161. En octubre de 2020, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el aborto de fetos con enfermedades terminales, lo que provocó protestas multitudinarias por todo el país.