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Una nueva ley obliga a denunciar o enfrentarse a penas de hasta 21 años de cárcel
El Consejo legislativo de Tasmania aprobó el miércoles la ley, presentada por el gobierno conservador, que impone tal obligación a los religiosos, además de los parlamentarios, educadores, policías y profesionales de la salud.
La norma obliga a quien tenga conocimiento de abusos sexuales a menores a tener que denunciarlo ante la policía y prescribe una pena máxima de 21 años de cárcel o multas de hasta 3.360 dólares (2.080 euros).
Una normativa similar fue ya introducida, luego de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Investigación sobre Respuestas de las Instituciones a los Abusos de Pedofilia, en los estados de Australia del Sur y Victoria y en los territorios del norte y de la capital federal, y también allí obispos católicos hablaron de la imposibilidad de los sacerdotes a acatar este ley.
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