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Hace un llamamiento a los legisladores para que no cedan a las presiones del Presidente Rodrigo Duterte
(Vatican News).- El 22 de julio, en su amplio discurso sobre el Estado de la Nación, el Presidente filipino Rodrigo Duterte confirmó su voluntad de restablecer la pena de muerte, uno de los puntos fuertes de su mandato. En este contexto los obispos filipinos piden a los miembros del Congreso que evalúen cuidadosamente esta propuesta para verificar si realmente sirve para abordar el flagelo del narcotráfico y reducir la delincuencia. Rodolfo Diamante, director ejecutivo de la Comisión Episcopal para el Cuidado Pastoral de las Prisiones, advirtió a los parlamentarios que no dieran a los filipinos una "falsa ilusión" ni una "solución simplista a los problemas".
Diamante también instó a los propios miembros del Congreso a no aprobar medidas sólo para complacer a Duterte: "Fueron elegidos por el pueblo por su propio bien, no por el del Presidente".
Filipinas declaró ilegal la pena de muerte en 1987, la restableció seis años más tarde y la abolió de nuevo en 2006. Su posible reintroducción ha vuelto al centro del debate político en el país tras la nueva victoria de Duterte en las elecciones a medio plazo del pasado mes de mayo, también gracias a su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Una campaña que ha acabado alimentando un clima de justicia e impunidad en el país y por ello ha sido criticada por la Iglesia y las organizaciones de derechos humanos. Son especialmente preocupantes las ejecuciones extrajudiciales, en las que se mata indiscriminadamente a menores por el mero hecho de ser sospechosos de participar en el tráfico de drogas o de ser simples consumidores.
Las críticas a la mano dura de Duterte se reiteraron durante el discurso sobre el Estado de la Nación del 22 de julio, cuando líderes religiosos, representantes de la Iglesia y activistas de la sociedad civil protestaron para cuestionar los éxitos de Duterte y denunciar la regresión de la democracia que está teniendo lugar en el país.
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