COMECE, a la Comisión Europea: "Las repatriaciones deben ser el último recurso"

(Vatican News).- Ursula von der Leyen lo había anunciado el domingo 9 de marzo, en su discurso por sus 100 días -de su segundo mandato- al frente de la Comisión Europea. Ayer se presentó oficialmente el proyecto de reglamento de la UE que modifica la directiva sobre la repatriación de 2008. Ahora corresponderá al Parlamento de Estrasburgo y al Consejo de la UE el trabajo colegislativo para su aprobación y posibles enmiendas. El objetivo declarado de la presidencia es crear un «sistema verdaderamente europeo», superando la actual fragmentación entre los 27 sistemas nacionales.

El proyecto de nuevo reglamento de la UE

Prevé, en particular, la introducción de procedimientos comunes y de una orden europea de repatriación, válida en toda la Unión; repatriaciones forzosas e incentivos para las repatriaciones voluntarias; además, un endurecimiento de las normas para la detención en caso de riesgo de fuga. Por último, y esta es la norma que más debate está suscitando, la creación de los llamados «hubs de retorno»: es decir, centros en países no comunitarios, a los que se podrá trasladar a quienes se encuentren ilegalmente en un Estado de la UE (excluidos los menores no acompañados y las familias con niños), y a quienes «se les haya denegado el asilo o ya tengan una orden de expulsión».

Esto, se apresuró a explicar el Comisario europeo de Inmigración y Asuntos de Interior, Magnus Brunner, sería una «posibilidad nueva y completamente diferente» tanto del «modelo Ruanda» como del «modelo Albania», que Gran Bretaña e Italia han querido hasta ahora sin éxito.

Migrantes: reforzar las formas legales de entrada

Se trata de «un giro hacia la externalización de la gestión de las personas que ya no tienen derecho a permanecer en el territorio de la UE», que «parece dictado por un espíritu predominantemente punitivo», explica a los medios vaticanos monseñor Pierpaolo Felicolo, director general de la Fundación Migrantes. Entre otras cosas, en un momento en el que, añade en referencia a los centros, «otras experiencias similares en centros de detención de hecho ya han tenido una valoración negativa».

Sobre las repatriaciones voluntarias, señala, «el gasto previsto para fomentarlas es de 8,4 millones de euros para los próximos tres años, frente a los 137,5 millones de euros previstos en el trienio para la “capacidad de detención”». Por ello, «sería deseable que la UE, más bien, propusiera y financiara normas» para el «refuerzo de las formas legales de entrada y, eventualmente, de los retornos voluntarios asistidos».

Comece: Respetar la dignidad y los derechos de los migrantes

Una invitación a la que también se adhiere la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (Comece), cuyo secretario general, Manuel Barrios Prieto, explica a nuestros canales de información: «Nuestra petición continua -incluso más allá de este reglamento- es abrir vías legales y seguras para que los migrantes puedan llegar a los países de la UE sin tener que recurrir a traficantes y contrabandistas».

Y, una vez establecido que las repatriaciones «deben ser el último recurso», «debe darse prioridad a las voluntarias, ofreciendo en la medida de lo posible incentivos que puedan ayudar a la reintegración en el país de origen».

En cuanto a los centros de repatriación, «deben cumplir con los estándares de los derechos humanos y el derecho internacional», pero «es dudoso» que esto ocurra «a la luz de las pésimas condiciones de protección de los derechos humanos en algunos de los países candidatos a acoger migrantes irregulares», añade. Por ello, es bueno que «se intente dar una respuesta unificada y coherente al problema de las personas presentes irregularmente en territorio europeo. No obstante, esta respuesta debe respetar la dignidad de las personas y el principio de solidaridad», concluye.