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El Gobierno lleva el martes al Consejo de Ministros la ley de Memoria Democrática
Félix Bolaños lo tiene claro: el nuevo ministro de Presidencia es un hombre de diálogo, pactos y manos tendidas. Y no buscará más problemas de los que ya tiene. Eso ya lo sabe la Iglesia, una de sus principales interlocutoras en su función de máximo responsable de las relaciones con las confesiones (sus relaciones con Omella y Argüello son muy correctas) y, en lo más concreto, en la futura Ley de Memoria Democrática, que tras un breve retraso será llevada al Consejo de Ministros este martes.
Una norma que, según ha podido saber RD, incluirá la resignificación del Valle de los Caídos y la salida de los benedictinos. Como el propio Bolaños apunta en una entrevista a El País, "el complejo se va a resignificar. No puede ser un monumento que haga apología de una dictadura. La dignidad de la democracia pide que se resignifique". Lo que no significa, ni mucho menos, que los cambios afecten al uso litúrgico (y pastoral) de la basílica que, en la actualidad, gestiona la congregación dirigida por Santiago Cantera.
Entes cercanos a las negociaciones Iglesia-Gobierno han tranquilizado a los obispos en este punto, que está siendo utilizado por los grupúsculos de la ultraderecha católica mediática y política para ejercer una presión que ha sido recibida con sorna con el entorno de Bolaños. No se desacralizará la basílica, y el punto de la negociación está en el momento en el que, tras la disolución de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (automática una vez se apruebe la norma), los benedictinos salgan de Cuelgamuros... y sea la Iglesia (en este caso, el Arzobispado de Madrid) quien decida a quién cede la gestión.
Del templo, que no del complejo, que pasará a control total de Patrimonio Nacional. Sobre la mesa, la posibilidad de que sea la comunidad de Sant'Egidio (con la atención pastoral de curas de la zona) la que se haga cargo de un templo que ya no tendrá a Primo de Rivera en un lugar preferente.
Tras el verano, y una vez se solucione el nombramiento de Arzobispo Castrense, varios frentes abiertos. Algunos ya planteados en los meses anteriores (ley Celáa, futura ley de libertad de conciencia y, especialmente, la negociación para la nueva fiscalidad de la Iglesia) y otros, como la ley de Patrimonio, que podrían suponer un nuevo foco de tensión.
Pero Bolaños pretende que las relaciones con los obispos sean, al menos, fluidas. Un primer paso para alcanzar consensos y evitar, en lo posible (la polarización actual no lo hace sencillo), un 'otoño caliente' que vuelva a sacar a los obispos a la calle con cuestiones como la eutanasia o el aborto que, consideran en el Gobierno, son temas "asumidos" por la ciudadanía.
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