Los obispos entierran su polémico 'Para dar luz': los informes sobre abusos serán para "trabajo interno"

Surgió como una respuesta, de un día para otro (y sin pensar en las consecuencias, como se ha visto) a la auditoría encargada (y pagada, más de un millón de euros) al bufete Cremades&Calvo Sotelo, después de que sus conclusiones no convencieran a los obispos (ni a sus 'topos'). Era un "informe vivo" que se iba a actualizar cada año... y que entre otros errores sacó a la luz datos privados de varias víctimas, que ya han denunciado a la Conferencia Episcopal ante la Agencia de Protección de Datos. Ahora, por enésima vez, los obispos reculan, y declaran que el polémico 'Para dar luz' se convertirá en un documento para "trabajo interno". ¿Se acabó la transparencia? ¿O es que nunca llegó a darse?

El portavoz de la CEE, César García Magán, admitió este jueves que, de ahora en adelante, 'Para dar luz', quedará para “trabajo interno” de las diócesis y congregaciones religiosas. En concreto, el secretario general de la CEE subrayó que la actualización del citado informe “ya se presentó en la Permanente de septiembre y en la Plenaria de noviembre, y allí se decidió que sirviera para el trabajo interno de las comisiones diocesanas y de vida consagrada”.

Una decisión que se toma después de que varias víctimas denunciaran a los obispos ante la Agencia Española de Protección de Datos por una filtración de su privacidad, que provocó una ruptura entre las asociaciones de víctimas y la Conferencia Episcopal. A partir de ahora, por lo tanto, no habrá información pública de la Iglesia española sobre el número de denuncias de abusos.

Tampoco se sabe si lo habrá respecto al proceso de indemnización a los afectados, previsto en el cacareado plan PRIVA y del que, casi un año después de su aprobación, apenas se sabe nada. De hecho, varias víctimas han denunciado que la comisión de baremación creada a tal efecto no está respondiendo a las peticiones de reparación o que incluso han recibido como respuesta que el caso estaba cerrado. “El equipo de trabajo tiene autonomía de ejercicio, está funcionando, hay casos presentados y están instruyendo expedientes”, se limitó a decir el portavoz de la CEE, quien admitió “no saber” más del tema, achacándolo a la independencia del grupo.

“Ha sido la comisión la que ha establecido unos baremos que tenían como referencia los casos de indemnización producidos por sentencia judicial por parte de jueces civiles y teniendo en cuenta el derecho comparado en nuestro contexto europeo” resaltó García Magán, quien sorprendió al señalar que el diálogo con el Gobierno acerca de las indemnizaciones para aquellos casos prescritos o en los que el presunto abusador ha fallecido “siguen abiertas”.

Lo cierto es que, hasta la fecha, no ha habido ningún tipo de avances en el fondo común que deberían haberse generado, y del que la Iglesia renegó en su día, al considerar que el Gobierno no tenía nada que decir en una cuestión interna de la institución. Eso sí: “Queremos asumir una obligación moral”, finalizó el portavoz episcopal. Al menos, en la de informar, sugen goteras.