¿'Para dar luz'? El falso informe de los obispos que señala a Josetxo Vera y Alfredo Dagnino

Fue un informe 'inventado', que salió a la luz para anular los efectos de la auditoría encargada por los propios obispos a Cremades, y que costó 1,3 millones de euros. El segundo informe 'Para dar luz', cuya responsabilidad recae en el todavía director de comunicación de la Conferencia Episcopal, Josetxo Vera. Hoy, El País lo saca a la luz, y demuestra que "fue un corta y pega del que le pasó un topo infiltrado en la auditoría de Cremades (Alfredo Dagnino, hoy responsable de Compliance de la Casa de la Iglesia)", afirma el diario de Prisa.

"Una sola persona ha decidido qué denuncias son creíbles, a espaldas de diócesis y órdenes: una de cada diez", concluye el informe, que pone entre la espada y la pared la estrategia comunicativa y de atención a las víctimas de la CEE, días después de que la nueva cúpula se reuniera con algunas víctimas.

Entre ellas, algunos de los casos que el informe elaborado por Josetxo Vera califica como “No computa. Investigación en curso/Pendiente de resolución” el 'caso Gaztelueta', reabierto canónicamente por el Papa Francisco pero que la justicia civil cerró con una condena en firme (vía Tribunal Supremo) por pederastia contra el ex profesor del colegio del Opus Dei. O el del presidente de la asociación navarra que sufrió abusos en el colegio del Puy. Unas víctimas que, consultadas por RD, muestran su indignación e, incluso, se plantean 'romper la baraja' si no hay ceses. Una primera 'patata' caliente tanto para Argüello como para Cobo, que han defendido una nueva línea de trabajo respecto a las víctimas, que podría acabar antes de comenzar.

En total, la CEE reconocía 806 casos, dejando fuera más de 300 que diócesis y congregaciones religiosas habían reconocido como reales. Y con una clasificación cuando menos extraña: clasificando los casos como “probados”, “no probados pero verosímiles” y “no probados”. Además de otros que se excluyen de la contabilidad, desechando el testimonio de la víctima, porque el acusado había fallecido, o era un laico, o el caso había prescrito.

"La Iglesia ha desoído masivamente una de las principales reclamaciones de las víctimas: que se sepa la verdad" explica la investigación, llevada a cabo por Íñigo Domínguez y Julio Núñez. "Este documento, en el que no se identifica a agresores ni víctimas, permite constatar cómo ha estado trabajando la Iglesia, que no investiga muchos casos (más de una cuarta parte del total), qué indemnizaciones paga, cómo cuestiona a quienes denuncian abusos y qué acusaciones cree y cuáles no".

Además, aclara algo muy confuso: cómo se hizo el informe de la CEE. "En realidad, es un simple corta y pega del estudio que filtró a los obispos en verano Alfredo Dagnino, el topo que la CEE tenía en la auditoría del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, al que encargó una investigación externa del escándalo en 2022", señala el diario.

"La Iglesia española es la única del mundo que ha renegado e intentado torpedear la investigación externa que ha encargado sobre el escándalo"

Sin embargo, cuando se entregó finalmente el informe Cremades (el definitivo), los obispos publicaron otro, orillando la auditoría de Cremades. "La Iglesia española es la única del mundo que ha renegado e intentado torpedear la investigación externa que ha encargado sobre el escándalo", constata El País.

Un informe 'chapucero', un 'corta y pega'

Un informe, calificado de "chapucero", que "corta y pega sin cruzar ni actualizar datos", y que fue obra de José Gabriel Vera. En declaraciones a El País, Vera defiende su derecho a usar el informe de Dagnino, aunque fuera desechado por el bufete, aunque desde Cremades asegura que el informe de Dagnino "fue obra suya, y a espaldas del despacho".

En cuanto a la clasificación de las denuncias por una sola persona, Vera insiste en que “las realizó el equipo del despacho, y así se facturó y se nos comunicó en las distintas reuniones celebradas durante un año (…) Es fruto del trabajo en equipo del despacho siguiendo una metodología presentada por el despacho y aprobada por la Conferencia”. Fuentes del equipo de trabajo de la auditora lo niegan, señala El País.