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"Los muertos no son opinables": La réplica a Ayuso de las familias de los enterrados en Cuelgamuros

La presidenta de Madrid acusó a Sánchez de hacer "campaña electoral" con los presos enterrados

Las familias demandantes de exhumaciones de víctimas en el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) han respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que sus muertos "no son opinables" ni son "materia susceptible de ser instrumentalizada con fines electoralistas"

Acceso al recinto de la basílica del Valle de Cuelgamuros | EFE

Las familias demandantes de exhumaciones de víctimas en el Valle de Cuelgamuros (antiguo Valle de los Caídos) han respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, que sus muertos "no son opinables" ni son "materia susceptible de ser instrumentalizada con fines electoralistas".

Díaz Ayuso acusó este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar "las instituciones y la historia de España" para hacer campaña electoral al anunciar el inicio ese mismo día de los trabajos forenses para la exhumación de 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros cuyos cuerpos han sido reclamados por sus familiares.

Por encima del juego político

En una nota de prensa, la Asociación de Familiares para la Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos (AFPERV) y de familias de soldados del ejército franquista trasladados al Valle de los Caídos han respondido a Díaz Ayuso que sus demandas están "por encima del juego político".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

"Por fin se está haciendo lo que venimos demandando las familias desde hace tantos años", han expresado. "Nuestros muertos y nuestras historias no son opinables ni materia susceptible de ser instrumentalizada con fines electoralistas ni partidistas, se trata de derechos humanos", han añadido.

En este sentido, han recordado a la presidenta madrileña en funciones que es un derecho reconocido por informes de Naciones Unidas, avalado por una sentencia judicial firme de 2016 y por diversos fallos judiciales, como el del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Por ello, han subrayado que el Estado y las instituciones "deben velar por el cumplimiento de la ley con la mayor celeridad posible, en un intento por reparar mínimamente el daño otrora causado a nuestras familias".

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