¿Pro bono? Los obispos pagarán mensualmente a Cremades por los gastos derivados de la investigación de los abusos

El pasado 22 de enero, momentos antes de comparecer ante los medios de comunicación, Javier Cremades y Juan José Omella firmaban en el bufete el contrato (que pueden leer íntegro aquí o al final de esta información) por el que la Iglesia española 'contrataba' al despacho de abogados para un auditoría externa. Según el mismo, al que ha tenido acceso RD, los abogados se daban el plazo de un año para entregar un primer informe con datos y recomendaciones de actuación, no de obligado cumplimiento para los obispos.

Aunque Cremades como tal sí ofrecerá sus servicios 'pro bono', lo cierto es que buena parte de los expertos cobrarán por los servicios realizados. Al tiempo, tal y como se lee en el 'Contrato', "los gastos en que la firma que suscribe la presente propuesta pudiera incurrir con ocasión o por consecuencia del desempeño del encargo profesional convenido, tales como traslados y desplazamientos, la contratación de profesionales, o aquellos otros que la firma que resulten imprescindibles para dicho desempeño, serán repercutidos en su totalidad a la CEE, que los asumirá y liquidará con una periodicidad mensual".

"Quedan igualmente excluidos del carácter pro bono de la presente propuesta los honorarios profesionales devengados por los profesionales del Derecho y facultativos externos al Despacho cuya intervención resulte preceptiva, o que, sin serlo, se considere aconsejable para el buen fin de los objetivos planteados", sostiene.

El contrato se firma entre una Conferencia Episcopal “”preocupada y dolida” que “quiere abrir una nueva etapa y tomar la iniciativa, con transparencia y profesionalidad, para mostrar su genuina preocupación por el cuidado de las personas y la promoción de la dignidad de todo ser humano”.

El bufete, interlocutor con las autoridades

Respecto a la colaboración de la Iglesia con otras investigaciones, que ya se atisbaba en enero pasado, el contrato establece que "el grupo de trabajo independiente creado dentro del Despacho podrá ser, además, el interlocutor a nivel técnico con las autoridades competentes, de cara a proporcionar e intercambiar información, puntos de vista y enfoques del problema". En la práctica, esto permitiría que fuera Cremades, y no los obispos, quien compareciera ante la comisión del Defensor del Pueblo.

"De esta forma -añade el contrato- se materializa el espíritu de colaboración de la Iglesia con las autoridades públicas y se facilita su trabajo, garantizando además que los datos que se aportan y su metodología son fiables, al mismo tiempo que se vela por las garantías jurídicas de las víctimas y de todos los implicados".

Por último, "se obtiene un asesoramiento legal sobre las diversas fases de la investigación, en cuanto a protección de datos, repercusiones judiciales, etc. Siempre sobre la base de que el Despacho no es contratado para defender a la CEE ni a las víctimas".

Contrato Cremades Cee by Jesús on Scribd