Recuperando reclama la nulidad de todas las inmatriculaciones y denuncia la "desidia institucional" que impide su devolución

La Coordinadora ha reclamado la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas "al amparo de una declaración eclesiástica", una auditoría de todos estos bienes así como sanciones a la "desidia institucional" para la "recuperación" de estos bienes.

La plataforma ha valorado el "impulso" del Gobierno de Navarra, que ha iniciado "un análisis exhaustivo del proceso inmatriculador, lo que ha permitido detectar ya casi 300 bienes comunales indebidamente registrados a nombre de la Iglesia". Cifra que "podría multiplicarse e incluso alcanzar los 1.700".

Según asegura en una nota de prensa, "los hechos evidencian" que la Iglesia "ha inmatriculado bienes públicos, incluyendo bienes comunales, de uso colectivo y tradicionalmente vinculados a la vida vecinal y rural", y que "no se trata de excepciones, sino de una operación generalizada de privatización encubierta del patrimonio común". También que "las certificaciones eclesiásticas, único elemento en que se sustentaban estas inmatriculaciones, carecen de validez debido a su falta de imparcialidad, a la ausencia de una verificación independiente y a la carencia de valor probatorio de las mismas".

Así, considera que "si en Navarra se ha producido una apropiación masiva de bienes públicos, es razonable pensar que lo mismo haya sucedido en otras comunidades autónomas". Y defiende que las administraciones públicas "tienen el deber legal y moral de recuperar los bienes indebidamente inscritos a nombre de la Iglesia para restituir su carácter público".

Este expolio no hubiera sido posible sin la complacencia de los registros de la propiedad que permitieron inscribir lugares de culto cuando la ley lo prohibía taxativamente y admitieron declaraciones eclesiásticas como única justificación incluso con posterioridad a la aprobación de la Constitución Española

Recuperando ha criticado que "este expolio no hubiera sido posible sin la complacencia de los registros de la propiedad que permitieron inscribir lugares de culto cuando la ley lo prohibía taxativamente y admitieron declaraciones eclesiásticas como única justificación incluso con posterioridad a la aprobación de la Constitución Española". "Tampoco hubiera sido posible sin la connivencia e inacción -por desidia o por complicidad- de los distintos gobiernos que se han limitado a mirar hacia otro lado mientras se producía esta apropiación masiva de bienes", ha reprochado.

La Coordinadora ha insistido en que "las instituciones tienen la responsabilidad jurídica de velar por la defensa del patrimonio público". Por ello, ha exigido "información pública y detallada" de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 así como la declaración de nulidad de "todas las inmatriculaciones realizadas únicamente al amparo de una declaración eclesiástica".

Asimismo, ha demandado "auditorías, inventarios y estudio de todos estos bienes para determinar su titularidad, tras lo cual la Iglesia podrá inscribir a su nombre todos aquellos cuya propiedad acredite debidamente". También que se sancione "la desidia institucional, estableciendo mecanismos de responsabilidad para los poderes públicos que no actúen con la debida diligencia en la recuperación de bienes públicos".

La Coordinadora Recuperando ha destacado que "lo sucedido en Navarra debe leerse como advertencia y oportunidad". "No se trata de una reclamación patrimonial menor, sino de la defensa de lo común frente a una apropiación privada que vulnera principios democráticos elementales. Las instituciones (en sus niveles estatal, autonómico y municipal) están obligadas a actuar con firmeza, sin más demora, para restaurar la legalidad y proteger lo que es de todos", ha reivindicado.