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Escribe a los partidos que negocian la investidura de Pedro Sánchez
La coordinadora Recuperando -que aglutina a más de 30 organizaciones- ha reclamado este viernes a un eventual gobierno de coalición que anule las 100.000 inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, un listado completo de estos bienes y que impida la privatización de los monumentos protegidos.
En comunicado, Recuperando explica que ha enviado una carta a los partidos que negocian la investidura de Pedro Sánchez en la que les pide que no se olviden de las inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia y cumplan el compromiso adquirido en el anterior mandato de ejecutar "modificaciones legislativas" para anular las inscripciones episcopales.
La coordinadora pide también recuperar los bienes de dominio público, muchos de ellos monumentos de un enorme valor patrimonial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda o el tesoro prerrománico de Asturias.
En la misiva, reclaman a los partidos que impulsen cambios legales que permitan la cancelación de las decenas de miles de inmatriculaciones practicadas por la Iglesia "al amparo de una ley franquista claramente inconstitucional".
Solicitan todas las notas simples de las inscripciones desde 1946 "y no un mero listado, que impide identificar con detalle los bienes inmatriculados", ya que -recuerdan- el Gobierno presentó un inventario de fincas registradas por la Iglesia pero limitado a los años 1998 y 2015.
"Si se amplía el periodo hasta 1946, año de la promulgación de la franquista Ley Hipotecaria, las organizaciones ciudadanas creen que el número de bienes podría alcanzar los 100.000, muchos más de los 34.000 del listado publicado hasta ahora por el Gobierno", indica.
También solicita al futuro Gobierno que rescate el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico y que el ordenamiento defina jurídicamente qué bienes son de dominio público y cómo pueden ser blindados legalmente para impedir su apropiación por terceros, "como ha sucedido de forma masiva en el caso de las inmatriculaciones eclesiásticas".
Además, reclama que los monumentos catalogados como bienes de interés cultural (BIC) actualmente bajo tutela de la Iglesia no puedan ser privatizados bajo ningún concepto.
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