Recuperando critica que el Gobierno acepte "las migajas" en el acuerdo con la Iglesia por las inmatriculaciones

La Coordinadora Recuperando, que aglutina a más de treinta asociaciones patrimonialistas de todo el país, considera que el acuerdo al que han llegado el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre las inmatriculaciones es "un trampantojo" que hace pagar a la iglesia un "premio menor", las migajas de los más de 100.000 bienes que esta asociaciones considera que se han inmatriculado desde 1946.

Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en Córdoba, es el portavoz de esta red de entidades que luchan para la recuperación del patrimonio inmatriculado por la Iglesia Católica y confiesa a Efe que la mayor virtualidad del acuerdo conocido este lunes es que la Iglesia reconoce "las migajas" de algo "gravísimo" y, por tanto, asume que "ha obrado ilegalmente, pero también inmoralmente", es decir, en contra de sus propios mandamientos.

Ahora queda reconocido, por lo menos en el caso del millar de bienes a los que se refiere el acuerdo, que la Iglesia Católica, sabiendo que no le pertenecían, ha inscrito patrimonio y otros inmuebles a su nombre.

El Gobierno remitió en febrero del año pasado al Parlamento un listado de 34.961 inmuebles de la Iglesia entre 1998 y 2015, pero esa cifra para Recuperando es "falsa" y "parcial", en tanto en cuanto las inmatriculaciones comenzaron en 1946. Según sus cálculos, el listado de bienes inmatriculados podría llegar a los 100.000.

La Magnitud del escándalo

La "magnitud del escándalo", por tanto, aún no se conoce, aunque se calcula que la Iglesia Católica posee más del ochenta por ciento del patrimonio histórico del Estado.

Antonio Manuel Rodríguez ha insistido en que lo más relevante de este acuerdo es el reconocimiento de la Iglesia de que ha obrado mal, pero también que "el gobierno más progresista de la historia está convalidando la mayor estafa inmobiliaria de la historia", al aceptar este millar de bienes y dar por buena la versión de la Iglesia de que en el caso de los otros 34.000 no actuó mal.

Es "inconcebible", ha agregado, que en un estado que "presume" de ser de Derecho se le conceda a la Iglesia, una entidad privada, esa "potestad desorbitada" y "anómala" de poder decidir si las cosas le pertenecen o no.

El Gobierno, según el portavoz de la coordinadora, ha llegado a este acuerdo a cambio de dos cosas. Políticamente "ha demostrado que puede pactar con la Iglesia y con los empresarios, mientras la oposición no puede" y jurídicamente "se quita un marrón de encima".

Y eso aunque, según el profesor, todas las inmatriculaciones sean inconstitucionales desde 1978, cuando la Iglesia, ha explicado, deja de ser una administración pública y los obispos dejan de ser funcionarios.

"Todo lo que se hizo desde 1978 es nulo de pleno derecho", y más tratándose de bienes que son "de dominio público", que por lo tanto no se pueden embargar, vender o adquirir, como pasa con la playa, el río Ebro o las plazas de los pueblos, ha ilustrado.

La ciudadanía pierde el 80% de su patrimonio

A la coordinadora ahora, según su portavoz, no le queda más remedio que "seguir luchando", primero para hacer "pedagogía" y explicar a la ciudadanía que ha perdido "el 80 por ciento de su patrimonio".

Pero también para que se conozca la verdadera realidad del escándalo; para que se declare la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones posteriores a 1978, y para exigir la reforma de la Ley de Patrimonio del Estado para que los bienes de "extraordinario valor" sean considerados de dominio público.

Finalmente, otra de las cuestiones que critican desde la coordinadora es que la reunión del presidente, Pedro Sánchez, con el presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, haya sido en la sede de la Conferencia Episcopal, evidenciando que "son ellos los que tiene el poder".

En cualquier caso, Rodríguez advierte que esta cuestión es "una pelea de ajedrez" y que a la Iglesia le han comido, de momento, "un peón".