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El área de laicidad de del grupo político en un comunicado
Unidas Podemos consideramos solo un paso en la buena dirección el que desde el Gobierno de coalición se haya obligado a la Conferencia Episcopal Española a hacer público el número de inmuebles de los que se apropió aprovechando la modificación del Reglamento hipotecario en 1998 por el gobierno de José María Aznar, más de 35.000 inmuebles.
Gracias a esta presión la Iglesia católica ha reconocido además que se ha apropiado “de modo indebido” de casi 1000 propiedades, parte de las cuales ha vendido, obteniendo un enriquecimiento injusto.
"Sería un error que el acuerdo anunciado por el presidente Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal pretendiera ser “de facto” una amnistía del resto de bienes que la Iglesia se inmatriculó sin ninguna garantía más que su propia certificación"
No queda con esto cerrado, ni mucho menos, para la sociedad española este escándalo monumental.
Desde Unidas Podemos seguiremos impulsando las medidas legales necesarias que reviertan todo el proceso como anunció el Presidente Sánchez en su discurso de investidura.
Además, entendemos que no puede dejarse sólo en manos de ayuntamientos y particulares la recuperación de estos inmuebles, es el Estado el que ha de tomar parte activa en su recuperación dado el enorme volumen económico de esta apropiación que supone un expolio a toda la sociedad española.
Por otro lado, no sólo hay que revertir la inmatriculación de los bienes apropiados por la Iglesia desde el año 1998 por ser nulas al quedar fuera del amparo constitucional, principalmente atendiendo a los art. 14 (todos somos iguales ante la Ley) y 16 (aconfesionalidad del Estado), sino todos las apropiaciones realizadas desde la aprobación de la Ley Hipotecaria de Franco en 1946 por ser éstas “nulas de pleno derecho” por “inconstitucionalidad sobrevenida”.
Todas las apropiaciones realizadas desde la aprobación de la Ley Hipotecaria de Franco en 1946 por ser éstas 'nulas de pleno derecho' por 'inconstitucionalidad sobrevenida'
Desde Unidas Podemos seguiremos impulsando las medidas legales que reviertan todas estas inmatriculaciones inconstitucionales, atendiendo a las demandas de la sociedad y de asociaciones creyentes y no creyentes que han denunciado esta voracidad incompatible con los mínimos valores éticos y cristianos, en aras de avanzar hacia una sociedad plenamente democrática y laica, en la que todas las personas e identidades religiosas y culturales puedan convivir con libertad e igualdad y sin privilegios jurídicos para ningún grupo ideológico o religioso.
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