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El verdicto ha sido dictada por tres jueces del Tribunal ad casum
(Agencia Flama).- El obispado de Vic ha informado la finalización del juicio canónico a 19 miembros de la extinta asociación privada de fieles " Seminario del Pueblo de Dios ". Los acusados, 17 presbíteros y diáconos y dos laicas, han sido declarados culpables por haber cometido varios delitos, incluido el de seudomisticismo por doctrinas y praxis contrarias a la fe católica.
La sentencia ha sido dictada por tres jueces del Tribunal ad casum constituido en la diócesis de Vic por indicación del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Las penas impuestas, tal y como informó el obispado en un comunicado, fueron diversas en función del grado de participación en los hechos así como de la aceptación, reconocimiento y retractación de las conductas imputadas.
Los miembros de la asociación han sido castigados con entredicho personal; suspensión del ejercicio del ministerio sacerdotal; prohibición de ejercer públicamente el ministerio sagrado; prohibición de ejercer cualquier responsabilidad en asociaciones o entidades de la Iglesia o tuteladas por ella; prohibición de transmitir cualquier información, conocimiento u opinión sobre la historia o el pensamiento de Francisco Casanovas, de Lourdes Campi o del Seminario del Pueblo de Dios; prohibición de participar en cualquier actividad de la fundación civil "Mentalidad Nueva", entre otros.
El obispado de Vic ha confirmado también que siete de los acusados han presentado recurso de apelación, que se resolverá ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Para el resto de los acusados, que no han presentado recurso, esta sentencia se ha convertido en definitiva y ejecutiva.
El derecho canónico encarga a cada uno de los obispos de los condenados -ya sea por incardinación en el caso de los clérigos o por domicilio en el caso de los laicos- a asegurar el efectivo cumplimiento de las penas.
La asociación “Seminario del Pueblo de Dios” fue fundada en 1977 en Barcelona por Francesc Casanova s i Martí, y fue extinguida canónicamente el 15 de abril de 2017 por medio de un decreto firmado por el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
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