La Iglesia inmatriculó a su nombre 34.984 bienes entre 1998 y 2015

El Gobierno aún no ha publicado el listado de bienes inmatriculados a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, pero sí se ha visto obligado por el Consejo de Transparencia a entregara a la web Maldita.es (que había solicitado la información por los canales oficiales) los datos generales. Así, el Colegio de Registradores afirma que son un total de 34.984 fincas.

De ellas, sostiene la nota, "18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los misos, y 15.171 a fincas con otros destinos". Esto es: que apenas la mitad de los edificios puestos a nombre de la Iglesia gracias a la 'Ley Aznar' tienen una finalidad estrictamente religiosa. ¿El resto? Fincas, campos, frontones, casas, garajes...

Tras conocerse los datos generales, la plataforma Recuperando ha exigido al Ejecutivo socialista que haga públicos los datos concretos. Sólo en ese momento podrían iniciarse las actuaciones para recuperar aquellos inmuebles que pudieran haber sido adquiridos de manera ilegal por los Obispados, que durante estos años podían inmatricular a su nombre con sólo la firma del Obispo, que actuaba por notario, y los gastos de gestión del papeleo. La mezquita de Córdoba, por ejemplo, se inmatriculó por apenas 30 euros.

"Llama la atención que más de 15.000 de los bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 no tienen carácter religioso", sostienen desde Recuperando.

“Mucho nos tememos que todo este oscurantismo encuentre su explicación en las negociaciones secretas que el Gobierno está manteniendo con el Vaticano y la Conferencia Episcopal”

, indica Andrés Valentín, uno de sus coordinadores, que advierte de que el número de bienes podría ser mucho mayo, toda vez que muchas inmatriculaciones incorporan bajo una misma propiedad varios inmuebles (un bloque de edificios, o la parroquia junto a la casa parroquial, salones o garajes anexos, por ejemplo).

Un proceso irreversible

“Se está produciendo un proceso irreversible porque muchas de esas fincas ya están siendo vendidas”, alertó Valentín, quien añadió que es urgente conocer ya los datos concretos para que puedan iniciarse los correspondientes litigios. Si se dieran demandas por todos los bienes, nuestro sistema judicial podría abocarse al colapso.