La Iglesia española sabía que el Vaticano había cerrado en falso el caso Gaztelueta

Cuando en el año 2015, la Congregación para la Doctrina de la Fe cerró la investigación eclesiástica del caso Gaztelueta por falta de pruebas, según adujo, en una parte de la Iglesia española quedaron flotando en el ambiente un montón de dudas sobre lo acertado de la decisión tomada por el dicasterio que entonces presidía el cardenal Müller y del que era secretario el jesuita español Luis Fernando Ladaria.

Cuando, a mediados de 2016, un juzgado de Getxo remitió el presunto caso de abusos de un profesor del colegio del Opus Dei a la Audiencia Provincial, ese sector eclesiástico ya previó el descrédito que se le venía encima, sobre todo al papa Francisco, si la vía civil acababa encontrando culpable al profesor.

Cosa que sucedió en 2018, cuando la Audiencia de Vizcaya sentenció al acusado a 11 años de prisión, pena que fue rebajada luego por el Supremo a dos años de cárcel. La sentencia civil tuvo un efecto demoledor para la ya muy menguante credibilidad de la Iglesia, y también para la del Papa, en aquel momento adalid de la tolerancia cero y en vísperas de una cumbre mundial de obispos en el Vaticano para abordar la lacra de la pederastia.

Una instrucción llena de trampas

¿Qué había sucedido? ¿No tendría que reabrir entonces el Vaticano el caso canónicamente, como en algunas ocasiones se había mostrado dispuesto a hacer en caso de que los tribunales civiles dictasen una sentencia condenatoria? Y entonces, algunos destacados miembros de la Iglesia española supieron que Francisco tendría que acabar diciendo finalmente la última palabra sobre un asunto que había estado lleno de trampas en la investigación, y con minas adosadas que podrían acabar afectando a la imagen del Papa.

Y es que la investigación eclesial que se puso en marcha al poco de saltar la noticia de los abusos -sin que todavía nadie haya aclarado quién dio la orden-, dirigida por el sacerdote Silverio Nieto, adscrito a los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal, se reveló muy pronto como poco ortodoxa.

Este sacerdote -al que se ha vinculado con el círculo de confianza del cardenal Rouco, del que se ha dicho que es confesor del exministro y miembro del Opus Dei, Jorge Fernández Díaz, lo que incluso le llevó a testificar en el caso Kitchen, y que continúa muy vinculado a Añastro- se presentó en Bilbao para hablar con la víctima en una actuación que entonces la familia contó que parecía más destinada a confundir a un atribulado y destrozado joven, y a borrar posibles pistas en el colegio, que a investigar con seriedad el caso, según me confesó entonces el padre, Juan Cuatrecasas.

De aquellas pesquisas tan extrañas, que ni siquiera cumplían los escasos estándares canónicos existentes entonces, tuvieron cumplida información poco después en el mismísimo Vaticano. Y, por supuesto, también el hombre de Francisco en España, el cardenal Juan José Omella.

Müller y Ladaria hacen oídos sordos

Paralelamente, Silverio Nieto enviaba su informe a Doctrina de la Fe, que Ladaria y Müller dieron por bueno, a pesar de las advertencias de una familia que se sentía engañada y de las alertas que les hacían llegar eclesiásticos españoles de que el caso no parecía tan claro y se aventuraban a cerrarlo en falso, con el consiguiente escándalo mediático y su repercusión en la imagen de un Papa que llamaba a acabar con los abusos.

Pero la nota que en su día emitió Ladaria con el sello de Doctrina de la Fe, dando por cerrada la investigación y exonerando de culpa al profesor, añadió una dificultad más: cualquier avance supondría una clara desautorización del prefecto, pero también del instructor en España, Silverio Nieto. Müller, emérito, ya estaba a otras, en la crítica frontal al Papa...

Y eso es lo que acaba de hacer el papa Francisco al reabrir el caso tras solicitar la documentación a Ladaria y comprobar él mismo que “por lo que aparece a primera vista es necesario abrir el proceso”. Puede que este sea uno de los últimos servicios que el cardenal mallorquín realiza como prefecto, pues sería uno de los afectados por la reforma de la Curia que limita los cargos tanto por edad como por permanencia en el puesto, y él ya ha superado ambos.

Así pues, ahora se parte de cero, la víctima, según las fuentes consultadas, tendrá que volver a ser llamada a declarar, ahora siguiendo los cauces canónicamente establecidos, y no se descarta tampoco que Silverio Nieto tenga que comparecer o, al menos, sea contactado por el presidente del tribunal designado para la nueva instrucción, el obispo de Teruel-Albarracín, José Antonio Satué.