El Gobierno impugna el acuerdo que impide los rezos musulmanes en Jumilla al entender que atenta contra la libertad religiosa

"Frente a la deriva extremista de PPVox, defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa". El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, confirmaba la noticia adelantada por EFE: el Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla para que anule el acuerdo que impedirá el uso de instalaciones municipales para actos religiosos, al entender que afecta al derecho fundamental a la libertad religiosa. En concreto, el Ejecutivo requiere a la corporación local que revoque el acuerdo, que contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que excluye actos religiosos ajenos a la corporación, por ser contrario al ordenamiento jurídico.

El requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que "las razones objetivas esgrimidas no se sustentan" y "se restringen de forma arbitraria" celebraciones que se vienen realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa. "Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante las trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia", añade Bolaños.

"No hay duda que el acuerdo cuya anulación se requiere incurre en desviación de poder, empleando la potestad municipal para impedir las celebraciones religiosas musulmanas de forma impropia, desviada, aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales, sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa", se lee en el documento, que sostiene que, con su acuerdo, el Ayuntamiento de Jumilla no pretende limitar el uso de las instalaciones a actividades deportvias, sino excluir la celebración de las festividades religiosas que hasta ahora allí se celebraban "y que resultaban ser las musulmanas que periódicamente se venían realizando en dichos espacios".

El Gobierno sostiene que la exclusión de actos religiosos "sin acreditar perturbación del orden público ni conflicto de usos" supone una restricción injustificada del ejercicio colectivo del culto y expone que la restricción de derechos fundamentales debe estar debidamente motivada, basada en criterios objetivos y sometida a control de proporcionalidad, tal y como establece el Tribunal Constitucional.

"La motivación real del acuerdo del Ayuntamiento de Jumilla no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores", señala el escrito firmado por la delegada de Gobierno en la Región de Murcia, María Dolores Guevara.