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Los obispos, "molestos" con la gestión del proceso de regularización
El Gobierno ha entregado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con fecha de 27 de enero de 2022, la revisión del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica española.
Así lo indica el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en una respuesta a una pregunta escrita del diputado del BNG Rego Candamil.
En la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo informa de que “la FEMP trasladará dicho listado a las corporaciones locales para que puedan identificar la naturaleza y titularidad del bien, a fin de realizar las acciones que resulten oportunas para poner dichos bienes a disposición de quien resulte su titular”.
La revisión del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia fue remitido al Congreso de los Diputados, en cumplimiento de la PNL aprobada el 4 de abril de 2017, y que la Iglesia Católica se comprometió a realizar en el marco de las relaciones que mantiene con el Estado.
El informe contiene la relación de bienes sobre los que la Iglesia no tiene constancia de su titularidad o le consta que pertenecen a un tercero.
Según señala el Gobierno en su respuesta, “en estos procesos de regularización, la Conferencia Episcopal Española ha comprometido su colaboración a fin de facilitar su conclusión, acompañando el Gobierno dichos procesos”.
El Ejecutivo se ha mantenido en los términos que dispuso la PNL citada, que circunscribía el estudio sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015.
Finalmente, señala que el grupo de trabajo existente sobre esta cuestión, en el marco de las relaciones con la Iglesia Católica, continuará sus actividades “con el alcance y en los términos referidos en la nota conjunta publicada el pasado 24 de enero y, siempre, dentro de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico”.
La revisión del listado de bienes inmatriculados fue entregada por la Conferencia Episcopal al Gobierno en una reunión el pasado mes de enero entre el presidente de la CEE, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
A raíz de este encuentro, el Gobierno y la Iglesia católica explicaron dos versiones opuestas sobre el acuerdo. Según el Ejecutivo, han acordado que 1.000 bienes fueron inmatriculados indebidamente por la Iglesia, mientras que los obispos aseguran que se trata de 1.000 errores, es decir, un millar de bienes que fueron adjudicados erróneamente por el Gobierno a la Iglesia pero que no son suyos y, por tanto, no pueden devolverlos.
Según precisó el vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tabarés, a Europa Press, todas las propiedades que aparecen en el listado de 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia están “correctamente inscritas” y añadió que en el informe entregado por la Conferencia Episcopal al Gobierno “en ningún momento se dice que la Iglesia vaya a devolver mil bienes”, lo cual no quiere decir que no sean de su propiedad.
De hecho, afirmó que han realizado un muestreo sobre los bienes que a la Iglesia no le constan o sobre los que le faltan datos y han concluido que los titulares de los mismos son los obispados.
El pasado viernes, el secretario general de la CEE, Luis Argüello manifestó el descontento de los obispos con la forma de tratar, por parte del Gobierno, la información de las inmatriculaciones.
“Hemos pedido el respeto a los acuerdos hechos porque tuvimos la impresión, tras la entrevista, de que el tratamiento que se hizo de la información de las inmatriculaciones cuando nosotros ofrecimos un libro con todos los detalles, francamente, nos resultó molesto, y esta molestia hemos querido hacerla llegar para avanzar en el futuro en un camino de leal colaboración, pero la lealtad tiene que ser por ambas partes”, detalló en una rueda de prensa.
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