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El plazo vence el Miércoles de Ceniza, y el texto podría entregarse en junio o tras el verano
El pasado 22 de febrero, en una concurridísima rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, y el presidente del bufete Cremades&Calvo Sotelo, Javier Cremades, firmaban el contrato por el que el equipo de abogados se encargaría de elaborar, y entregar, en el plazo de doce meses, un informe con datos y recomendaciones, en ningún caso de obligado cumplimiento para los obispos.
A una semana de que se cumpla el plazo, RD puede confirmar que Cremades descarta entregar el mismo, al menos, hasta el próximo mes de junio, aunque lo más probable es que el texto definitivo no se presente hasta después del verano. Javier Cremades, que ayer estuvo en la presentación de los datos de la auditoría sobre abusos en la Iglesia portuguesa, así lo ha confirmado a la jerarquía eclesiástica y otros expertos con los que se está colaborando en la elaboración del mismo.
¿Cuáles son las causas del retraso? En primer lugar, la lentitud -y, en algunos casos, el "desprecio"- de algunos obispado a la hora de colaborar con la auditoría, asi como las dificultades para acceder a datos reservados. La salida de Luis Argüello de la Secretaría General de la CEE no ha ayudado mucho a la aceleración de unos trabajos en los que se echa de menos una colaboración "intensa" del episcopado en pleno.
La colaboración con las congregaciones religiosas, en cambio, está resultando más abierta, y los investigadores han admitido que muchas órdenes religiosas ya tenían "buena parte del trabajo hecho" antes de que ellos llegaran, algo que contrasta con la situación en al menos una docena de diócesis, donde las oficinas antiabusos no existen en la práctica. La auditora viajó hace pocas fechas a Roma para informar de los avances (y retrasos) del estudio, y compararlo con otras experiencias, como la italiana, la francesa, la alemana y, ahora, la portuguesa.
Los primeros datos permitirían apuntar a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de cuatro mil víctimas, ocho veces más de las reconocidas por la CEE y cuatro veces más de las planteadas por distintas investigaciones. La tarea del bufete se ha centrado, de un lado, en entrevistas con víctimas (alrededor de 120 por el momento) y el repaso a los archivos eclesiásticos, con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60-70 años (como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los 50); en segundo término, elaborar un manual de buenas prácticas y prevención; y, finalmente, una serie de recomendaciones de actuación para los responsables eclesiásticos en la que plantearán -recordemos, no es un informe de obligado cumplimiento- resarcimientos económicos, más allá del pago de los tratamientos.
De hecho, paralelamente, algunas instituciones eclesiásticas están planteando fondos para poder hacer frente al hipotético pago de indemnizaciones, toda vez que la mayor parte de los casos admitidos están prescritos por la ley civil.
Con todo, el mayor problema que seguramente encuentre la auditoría estará en su lectura por parte de un episcopado que, a diferencia del portugués, sigue pareciendo más remiso a aceptar su responsabilidad, y más a 'echar balones fuera' respecto al porcentaje de abusos que se dan en Iglesia y sociedad, y en las otras investigaciones (fundamentalmente, la del Defensor del Pueblo), con las que no se está colaborando como se hubiera deseado.
Cremades ha estado muy atento a la elaboración del informe de la Iglesia lusa, presentado ayer. Tras unos inicios titubeantes, con la presencia de destacados eclesiásticos de tinte conservador, ha ido ganando peso la labor de Pedro Precht, encargado de la auditoría en Portugal y uno de los más reconocidos expertos en la lucha contra la pederastia clerical. Su tarea, al parecer, ha logrado que poco a poco el informe fuera centrándose en aportar claves de presente, y de futuro, en la relación con las victimas.
El nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, admitía hace pocas semanas que el informe encargado a Cremades podría retrasarse a final de este curso, y que la auditoría “es libre e independiente. No le damos ninguna indicación”. Ni plazos de entrega.
Éste fue el contrato entre Cremades y la Conferencia Episcopal, desvelado en exclusiva por RD en su día:
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