El Congreso votará el 8 de marzo la propuesta de PSOE-PNV para que sea el Defensor del Pueblo quien investigue los abusos en la Iglesia

El próximo 8 de marzo, el Congreso de los Diputados decidirá si da luz verde, o no, a la iniciativa presentada por el PSOE y el PNV para encargar al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la investigación de los abusos a menores en la Iglesia. Una propuesta que, a día de hoy, no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, pues únicamente tendría los votos a favor de los dos partidos que la presentan, algunos de los minoritarios (Teruel Existe, Más País...) y, seguramente, Ciudadanos. Pero que, sin el 'Sí' de Unidas Podemos, correría el riesgo de no ser aprobada.

De hecho, tal y como ha podido confirmar RD, los socialistas han entablado conversaciones informales con representantes del Partido Popular para conseguir una abstención del PP, toda vez que las relaciones entre los dos partidos miembros del Gobierno han comenzado un peculiar baile de desacuerdos, que se ha reflejado en el envío de armas a Ucrania y que también se visibiliza en el modo de afrontar el debate sobre la pederastia clerical.

Disfunciones entre los socios de Gobierno

A día de hoy, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu siguen adelante con su idea de que sea una comisión parlamentaria la que lidere la lucha contra los abusos en la Iglesia, con la idea de llamar a declarar, durante seis meses, a víctimas, pero también a victimarios, a expertos y a obispos, que no estarían obligados a participar. Desde la formación morada están sumamente descontentos por las "maniobras" llevadas a cabo por los socialistas, que se han encontrado con víctimas y han lanzado una propuesta en común con los nacionalistas vascos, sin siquiera entrar a votar la propuesta lanzada por sus socios de Gobierno.

Pese a todo, y aunque ayer mismo Jaume Asens anunciaba que había terminado el tiempo y presentarían a votación su iniciativa, Podemos y sus socios han optado por posponerla una semana más, tratando de que la propuesta del Defensor del Pueblo, que se votará este martes, incluya algunas de sus exigencias, y tenga en el Congreso a su máximo valedor. Las espadas, a día de hoy, todavía están en el alto.

En la otra orilla, la Iglesia espera a que el Congreso decida qué investigación decide realizar, antes de dar una respuesta. Fuentes oficiales han confirmado que los obispos colaborarán "claramente" con la comisión liderada por el Defensor del Pueblo, si bien todo parece indicar que su participación no será directa, sino a través de Cremades&Calvo Sotelo, el bufete al que han encargado una auditoría externa.

Entre las víctimas, además, hay cierta división entre los que quieren que, a toda costa, los obispos se 'retraten' ante la Cámara Baja, y los 'posibilistas' que buscan que, al menos, sea una iniciativa pública la que investigue los abusos a menores en la Iglesia española. "Es urgente ponerse de acuerdo", señalan desde las asociaciones, "especialmente ahora que los obispos han dado un paso adelante en público". Que, si no hay consenso parlamentario, será el único, y amenazaría con volver a dejar fuera a los supervivientes de la toma de decisiones.