CONFER da un paso más contra los abusos con un código “con las conductas que nunca pueden darse”

Prevenir el abuso sexual a los menores y adultos vulnerables dentro de los Institutos; protocolizar el modo de actuación empezando por la detección y siguiendo por la denuncia; reparar el daño causado; y trabajar con el victimario en su rehabilitación y tomar decisiones consistentes con la ley.

Estos son los cuatro grandes objetivos de la política marco que la Confer, con el asesoramiento de Holistic, de la Universidad Pontificia de Comillas, ha puesto en marcha para la protección y actuación en casos de abusos sexuales a menores y adultos vulnerables, según ha anunciado este 4 de julio en un comunicado.

Guía práctica

Se trata de una guía práctica para los institutos religiosos, sus miembros, y los laicos o sacerdotes vinculados a las actividades de los mismos como colaboradores, trabajadores o voluntarios, y que cada instituto podrá adaptar a sus propias circunstancias y misión.

Se trata de un nuevo paso de la Conferencia Española de Religiosos en la protección y prevención frente a abusos sexuales, pero no solo, eso, sin o que se va más allá, de tal manera que se insta a los institutos a “adoptar una política destinada también a desterrar otro tipo de comportamientos violentos tales como el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o trato negligente o las amenazas, injurias y calumnias”.

Objetivo: promocionar el buen trato

Esta política debería abarcar la promoción del buen trato, en general, concepto que en la legislación española se entiende como aquel que, respetando los derechos fundamentales de todas las personas, promueve activamente el respeto mutuo, la dignidad del ser humano, la convivencia democrática, solución la pacífica de conflictos, el derecho a igual protección de la ley, la igualdad de oportunidades y la prohibición de discriminación.

En este documento se utilizará genéricamente el término “abuso” para incluir en él todos los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, entre los que se encuentran los abusos, agresiones, acoso, exhibicionismo, provocación, etc.

Conductas que nunca pueden darse

Las orientaciones que aquí se recogen tienen cuatro objetivos. Por un lado, “prevenir el abuso sexual a los menores y adultos vulnerables dentro de los institutos, estableciendo criterios de selección y de formación para quienes trabajen o se relacionen con ellos, así como un código de conducta que recoja las conductas que en ningún caso pueden darse y las consecuencias de las mismas, las que puedan ayudar a mejorar la protección y las buenas prácticas que fomenten el buen trato, la cultura de respeto y de protección, y la creación de espacios seguros para estas personas frente a posibles abusos o agresiones”.

También se pretende “protocolizar el modo de actuación empezando por la detección, (tanto si los abusos se han cometido dentro del Instituto como fuera, contra menores o adultos vulnerables, que son usuarios o destinatarios de las actividades del Instituto), como por la denuncia, procurando que la intervención sea inmediata, ajustada a las leyes civiles y canónicas, y tratando de forma individualizada tanto a quien denuncia y a su familia, como al denunciado y a su entorno”.

Reparar y rehabilitar

El tercer elemento guía de este nuevo protocolo consiste en “reparar el daño causado”, a los que llevará ineludiblemente el cuarto punto, el de “trabajar con el victimario en su rehabilitación y tomar decisiones consistentes con la ley respecto a sus futuras actividades, en particular, evitando que esté en contacto habitual con niños”.

Según señala el comunicado de Confer, “la adopción de una política de esta naturaleza no responde solo a la urgente necesidad de dotarse de un marco adecuado para afrontar la realidad de los abusos a menores y adultos vulnerables en la Iglesia y en otros entornos como la familia, por un imperativo de derechos humanos que obliga a proteger a los niños y personas vulnerables frente a la violencia, sino también a un mandato legislativo internacional, estatal y canónico".