La Diócesis de Córdoba reclama un compromiso contra la exclusión de las familias del asentamiento incendiado

En un comunicado, la Diócesis recuerda que un incendio en el asentamiento en el entorno del Centro Comercial Zahira, donde se asientan familias romaníes, devastó hace diez días sus precarias viviendas y acabó con sus enseres. Desde ese momento, las tres familias que habitaban las chabolas destruidas permanecen alojadas en una pensión a cargo de los Servicios Sociales, mientras una cuarta ocupa la precaria vivienda de un familiar en la zona afectada. Todas han recibido un bono de alimentos de Cáritas diocesana.

Otras siete familias han perdido su chabola, que en el momento del incendio se encontraban trabajando fuera de Córdoba o en su país de origen. Cuando vuelvan tendrán que volver a levantarlas.

Ante esta situación, las delegaciones diocesanas de Migraciones y el Secretariado Diocesano para la pastoral del Trabajo reclaman un plan para esas personas que “integre medidas a medio y largo plazo que vayan conduciendo a la erradicación de estos asentamientos y a las causas estructurales que propician su aparición y consolidación”, según un comunicado. Asimismo, agradecen y apoyan a las organizaciones eclesiales y sociales que dedican tiempo y esfuerzos a acompañar a estas familias romaníes

En el escrito de seis puntos, ambas delegaciones expresan su fe en Jesucristo y quieren manifestar su solidaridad con “estos hermanos y hermanas nuestros que, de manera urgente, necesitan el apoyo de la comunidad cristiana, de la sociedad cordobesa y de sus administraciones”.

“La dignidad sagrada de toda persona”

El comunicado repara en cómo este incendio ha destapado la realidad de decenas de familias obligadas a vivir en condiciones de extrema precariedad y pobreza que “violan la dignidad sagrada que les otorga el haber sido creadas a imagen y semejanza de Dios, así como sus derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Los responsables de Migraciones y Pastoral del Trabajo alertan y denuncian “una de las realidades de exclusión más duras que se dan en el ámbito local, autonómico, nacional y europeo”. Junto a la pobreza extrema de estas familias romaníes, denuncian la exclusión que sufren estas personas por su condición y etnia y señala la necesidad de “superar los estereotipos y prejuicios con los que justificamos, en demasiadas ocasiones, nuestro rechazo e indiferencia”.

Por último, manifiestan que la Iglesia, en su trabajo diario de acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes y a todas las personas empobrecidas, especialmente por su trabajo precario o por el paro, no olvida, como dice el Papa Francisco, que lo que está en juego es el rostro que queremos darnos como sociedad y como vida humana. Por ello, “nos comprometemos, como comunidad cristiana y junto a la sociedad civil, a afrontar con nuestra ayuda las consecuencias de esta injustica”, y al mismo tiempo, a “denunciar y combatir las causas que la generan”.