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Lucha ante la impunidad en Chile:
La comunidad cristiana de la parroquia Nuestra Señora de La Victoria, de la emblemática población homónima, ubicada en la zona sur de la capital chilena, ha corrido siempre la misma suerte que la sociedad civil de su sector. Hoy las amenazas que recibe no son diferentes a las que atacan a integrantes de organizaciones sociales pues es una iglesia que acompaña el caminar popular. Incluso uno de sus sacerdotes vivió el martirio en los años ochenta durante la dictadura militar, y su párroco el exilio.
Hoy, la comunidad vive nuevos amedrentamientos por su testimonio contra la impunidad. Por ello, la Asamblea de Pobladores (de vecinos o residentes del barrio) y la Parroquia de La Victoria, denunciaron públicamente “diversos hostigamientos y amenazas" a la familia del joven asesinado, Villarroel Rojas, y “al entorno más cercano que ha estado presente en este caminar a favor de la justicia”, según indicaron. Y añadieron, “no renunciaremos a seguir luchando por las causas de justicia y libertad de pobladoras y pobladores que lo necesiten”, dicen en un comunicado.
La denuncia la formularon representantes de la parroquia, la asamblea de pobladores, el establecimiento preescolar y el preuniversatario del barrio, el canal de televisión comunitaria, e integrantes de la misma familia. “Si nos tocan a uno, nos tocan a todos”, declararon conjuntamente.
El párroco actual, presbítero Cristián Reyes, resaltó que “la comunidad vive su fe desde la justicia”, porque “desde la fundación de la población, en el año 1957, las organizaciones sociales y la comunidad cristiana han estado profundamente vinculadas”.
El sacerdote, que es originario de este sector de Santiago y heredero de Pierre Dublois y André Jarlán, dos misioneros franceses que acompañaron a la comunidad en su lucha antidactorial en los años ochenta, señala que la vinculación entre comunidad y organizaciones “es un orgullo que tenemos, pues la parroquia es un espacio de encuentro de creyentes y no creyentes, de todas las organizaciones territoriales, y si entre todos logramos aliviar el sufrimiento de una sola persona, eso vale la pena tanto dolor y esfuerzo. Por eso es un tesoro que tenemos que cuidar, y seguir siendo un encuentro social y político en la búsqueda del bien común”.
En efecto. La casa donde vivían los curas en la dictadura, hoy está convertida en una “casa memoria” donde la comunidad celebra y se reúne. Ella se inspirada a diario, especialmente, en la figura de André Jarlán, uno de los misioneros martirizado por la bala de un carabinero, en la población La Victoria, el 4 de septiembre de 1984, en el contexto de una gran protesta popular. Tampoco “se ha hecho justicia en este caso”, declaró el párroco Reyes y “en él simbolizamos esa búsqueda de justicia para los nadie, como señala Galeano, e inspira la búsqueda de una nueva humanidad según el proyecto de Jesús”.
El pastor de pobladores y vecinos añadió que esta forma de vivir la fe enraizada en la población, con los pobres, “es una forma de aprender permanentemente, como iglesia, el caminar juntos, sinodalmente, con nuestras diferencias”.
Muy pronto de ocurrido el asesinato del joven Andrés Villarroel, en octubre de 2020, la Comisión Chilena de Derechos Humanos presentó una querella contra Carabineros y autoridades políticas, incluyendo a Sebastián Piñera, quien en ese momento era el Presidente de la República.
El recurso reveló que “ningún funcionario de Carabineros de Chile que se encontraba en el lugar fue a prestar ayuda” y que “este nuevo hecho se enmarca dentro de una permanente y sistemática política de represión ejercida por el Estado de Chile y sus agentes, resultando masiva y generalizada a partir del mes de octubre de 2019 en adelante”.
Actualmente, ha habido esfuerzos judiciales por cerrar el caso sin declaración de culpables. Y ante las amenazas, los pobladores buscan visibilizar nacional e internacionalmente su situación.
Los amedrentamientos han consistido en llamadas telefónicas anónimas, cartas dejadas en las puertas de las casas y en mensajes por redes sociales. También ha habido seguimientos en vehículos, el robo a un poblador de su automóvil, y en grabaciones y fotografías a los integrantes de la comunidad.
Según declararon en rueda de prensa, las y los dirigentes vecinales hacen responsables de estas amenazas a un supuesto “comando patriota”, presuntamente paramilitar, conformado por agricultores antimapuche de regiones rurales del sur de Chile, y que ahora tendría manifestaciones en la ciudad. Se autodenominan “los trizanos” en honor al expolicía, “Hernán Trizano”, que lideró en el siglo pasado la búsqueda de bandidos en el campo chileno.
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