80 organizaciones exigen justicia por el asesinato del líder boliviano indígena y defensor ambiental Francisco Marupa

(ADN Celam).- “¿Estado o impunidad?, un indígena ha sido asesinado en Bolivia”, titula el pronunciamiento de 80 organizaciones, instituciones y redes, que demandan el pronto y pleno esclarecimiento de la verdad, aplicar la sanción legal contra los responsables materiales e intelectuales para actuar en justicia; que el Estado boliviano garantice la protección efectiva de los pueblos y las personas defensoras del territorio y el medioambiente; y exigen que las autoridades actúen con la debida diligencia para garantizar justicia y medidas urgentes de protección para las comunidades en riesgo.

El asesinato de Francisco pone en evidencia la violencia estructural

Francisco Marupa, indígena del pueblo Leco y defensor del territorio, fue encontrado sin vida con signos evidentes de violencia en su chaco, ubicado cerca del río Hondo, en la comunidad de Torewa, dentro del Territorio Indígena Originario (TCO) Leco, en el Parque Nacional Madidi.

Las organizaciones indígenas Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) denunciaron que su asesinato es el resultado del constante asedio de traficantes de tierras y mineros ilegales, quienes recurren a la violencia, el despojo y la intimidación para forzar la salida de las comunidades de sus territorios.

Según las primeras investigaciones, el presunto responsable del crimen, un joven indígena de 20 años que actualmente se encuentra en prisión preventiva, habría confesado que fue enviado a matar a Marupa. Sin embargo, la “Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) exige una “investigación urgente, imparcial, independiente y colegiada”, que considere los antecedentes, para encontrar a los verdaderos responsables del asesinato de un comunario del pueblo Leco.

Justicia y el fin de la impunidad

El pronunciamiento en demanda de justicia por el asesinato de Francisco Marupa reúne a 80 organizaciones e instituciones de Bolivia, América Latina y el ámbito internacional. Las organizaciones firmantes han planteado tres exigencias necesarias: Esclarecimiento de los hechos y justicia efectiva: Solicitan que se investigue el caso con independencia y se sancione tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato.

Protección a los pueblos indígenas y defensores ambientales, instan al Estado boliviano a garantizar la seguridad de los líderes indígenas que enfrentan amenazas por su labor en defensa del territorio.

Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, exigen que Bolivia cumpla sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente, asegurando condiciones seguras para los defensores del territorio y la naturaleza. “La impunidad en estos casos no solo perpetúa la violencia contra los pueblos indígenas y sus defensores, sino que también erosiona el Estado de Derecho”, afirma el documento.

Vulneración de los derechos de los pueblos indígenas

Las organizaciones indígenas y de derechos humanos han denunciado que los pueblos originarios de la Amazonía boliviana enfrentan un proceso sistemático de desplazamiento forzado, impulsado por intereses económicos ligados a la minería ilegal y el tráfico de tierras.

“La negligencia y desatención estatal, junto a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ha convertido a Francisco Marupa en una víctima más de la injusticia estructural. Que el sacrificio de su vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos, señala el pronunciamiento.

Además de la violencia directa contra líderes y comunarios, los ataques incluyen quema de viviendas y cultivos, estrategias de intimidación y presiones constantes para obligar a las comunidades a abandonar sus territorios ancestrales: “(Los grupos ilegales) han devastado nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, concluye el pronunciamiento.