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El proyecto de ley, ya en el Senado, traerá más "desequilibrios socioeconómicos"
La Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) expresó una vez más su perplejidad ante la forma en que el Congreso Nacional está abordando el tema de la legalización juego en el Brasil.
Aprobado por la Cámara de Diputados en febrero de 2022, el proyecto de ley que legaliza el juego se encuentra desde entonces en debate en el Senado Federal.
Oficialmente, la mayoría de los juegos de azar están prohibidos en Brasil desde 1946, con la excepción de las apuestas deportivas en línea, reguladas desde 2023, algunas loterías estatales y las carreras de caballos.
Sin embargo, el juego ilegal está muy extendido, especialmente en forma de jogo do bicho, una lotería clandestina popular en las grandes ciudades que priva al Estado de ingresos fiscales importantes.
De los ingresos financieros, además, algunos partidarios del proyecto de ley argumentan que creará más de 200.000 empleos directos, según el Ministerio de Turismo."Imploramos a los parlamentarios brasileños y a las autoridades públicas que se opongan al juego en todas sus formas, promuevan el bien de las familias, protejan los valores fundamentales de la vida en sociedad y aseguren un futuro digno y justo para la nación", dijeron los obispos.
La Iglesia Católica de Brasil (CNBB) ya expresó en numerosas ocasiones su postura frente a los daños causados por el juego.
En su nota, la CNBB advierte sobre las numerosas consecuencias negativas que la legalización podría traer al país, especialmente para los sectores más vulnerables: "El juego, especialmente en una sociedad desigual y a gran escala, como indica la propuesta parlamentaria, puede contribuir al aumento de los delitos asociados, con especial referencia al fraude, el amaño de partidos, la corrupción y el blanqueo de capitales".
Para los obispos, permitir la expansión del juego abriría la puerta a " desequilibrios socioeconómicos", graves repercusiones para la salud pública debido al aumento del juego y un " desprecio por la vida y la familia".
La votación final, prevista para el 10 de julio en el Senado, se pospuso y se espera que tenga lugar en los próximos días, o incluso semanas.
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