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Considera que los derechos al 'debido proceso' han sido vulnerados por las comisiones fiscales en cuatro distritos
La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) deploró este martes los "excesos" en los que asegura incurrió la Fiscalía por cuatro allanamientos que realizó en las oficinas de la Curia de la Compañía de Jesús en La Paz, relacionados con las investigaciones sobre los abusos a menores de edad cometidos por sacerdotes, algunos ya fallecidos.
Los jesuitas reportaron que varias comisiones de fiscales de los distritos de La Paz, Sucre, El Alto y Santa Cruz efectuaron "de forma intempestiva" las pesquisas en la Curia Provincial, por lo que manifestaron su "preocupación y extrañeza".
La orden indicó que el archivo curial "estuvo precintado" desde el allanamiento del 17 de mayo hasta que el lunes se efectuó el desprecintado "al que luego siguieron los (demás) allanamientos".
La congregación afirmó que no era necesario "ningún operativo intempestivo" ya que toda esa documentación "estaba a plena disposición de las autoridades".
Esta jornada, el Episcopado señaló que los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia y la legalidad de las actuaciones fueron "vulnerados" en las diversas actuaciones de la Fiscalía.
"Todos esperamos de nuestras autoridades actuaciones transparentes y enmarcadas en el debido proceso, que de ninguna manera excedan sus competencias y atenten la seguridad y los derechos de las personas, fundamento de toda sociedad organizada", dijo la CEB.
El Episcopado remarcó que "en todo momento" la Compañía de Jesús "está cooperando con el Ministerio Público y la Policía", pero que deplora que "se incurra en este tipo de excesos bajo un aparente esfuerzo por investigar".
El Ministerio Público abrió varias investigaciones después de que a fines de abril pasado el medio español El País publicara una investigación sobre el diario del jesuita Alfonso Pedrajas.
En ese texto, el religioso fallecido en 2009, hace referencia a los presuntos abusos que perpetró a decenas de niños cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Cochabamba, desde 1971.
También está abierto un proceso por el caso que en febrero de 2019 dio a conocer EFE sobre el jesuita Luis Roma, ya fallecido, que fue denunciado por un exmiembro de la Compañía de Jesús, que pidió el anonimato, y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.
Estos casos hicieron que salieran a la luz otras acusaciones por las que se tiene a algunos sacerdotes de otras órdenes encarcelados, mientras otras denuncias se investigan en la Justicia, en algunos casos contra sacerdotes fallecidos.
Los procesos por pederastia que involucran principalmente a sacerdotes católicos radican en los departamentos de Cochabamba (3), La Paz (5), Tarija (3), Santa Cruz (4) y Chuquisaca (2), según un reporte de la Fiscalía.
A raíz de estos hechos, el Gobierno de Luis Arce pidió al papa Francisco la coordinación de un mecanismo conjunto que impida la llegada al país de sacerdotes con antecedentes de pederastia.
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