Indígenas condenan la persecución al padre Marcelo Pérez, sacerdote y activista en el sur de México

Un centenar de indígenas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos marcharon este martes en varios municipios del estado mexicano de Chiapas (sur) para manifestar su rechazo a la solicitud de orden de detención de un sacerdote y activista y para pedir al Gobierno que adapte su estrategia de seguridad ante una oleada de violencia.

Indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales realizaron una "marcha peregrinación" bajo el lema "Por la verdad, la justicia y la paz de San Cristóbal", que se replicó también en otros siete municipios del estado fronterizo con Guatemala, donde en los últimos meses se ha recrudecido la violencia.

Y en concreto, protestaron por la orden de detención solicitada en contra del defensor de derechos humanos y párroco Marcelo Pérez por la Fiscalía General del Estado el pasado 21 de junio del 2022.

Se le acusa de estar implicado en la desaparición de 19 personas del municipio de Pantelhó el 26 de julio del 2021, en un conflicto donde el sacerdote "únicamente participó como mediador", aseguraron, cuando se conformó el grupo de autodefensa "El Machete", quien desterró a un presunto grupo del crimen organizado.

Los creyentes caminaron al lado del padre Marcelo y otros religiosos durante más de dos horas, portando símbolos religiosos y cartulinas con leyendas como “Queremos un verdadero estado de derecho”, “La paz será fruto de justicia” o “Respaldo total al padre Marcelo Pérez Pérez”.

Rosa María Méndez, indígena tzotzil del municipio de Zinacantán, dijo a Efe que el padre Marcelo es "un hombre bueno". "Trabajamos mucho con él con los temas de la mujer y sobre la dignidad de la mujer, no creemos en las acusaciones", continuó.

Mientras tanto, Fernando Hernández, portavoz de la Coordinadora de Comunidades del Sur, expresó que es tiempo de "sumar esfuerzos" al llamado de paz. "Considero que San Cristóbal de Las Casas y el Estado de Chiapas están en un estado de indefensión, nos preocupa la violencia que está generando el Estado mexicano en contra de defensores de derechos humanos, a los constructores de la Paz”.

Durante el mitin, la Diócesis de San Cristóbal enfatizó de manera general la situación que viven los municipios donde el crimen organizado se ha apoderado de caminos, carreteras y ciudades para aterrorizar a los pueblos indígenas.

En este sentido, coincidieron los manifestantes y los religiosos en que la presencia de sacerdotes en la zona abona a la pacificación de la región.

El vocero de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas -que prefirió no dar su nombre- dijo a Efe: "Estamos preocupados por la inseguridad, el aumento de la violencia en nuestras calles, escuelas, comercios, y desgraciadamente en los templos”.

Esto lo dijo en relación al asesinato de los dos sacerdotes jesuitas -Javier Campos y Joaquín Mora- asesinados junto a un guía turístico -Pedro Palma- el 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, en el norteño estado de Chihuahua.

El pasado 26 de junio, la Iglesia católica mexicana llamó al Gobierno a revisar su estrategia de seguridad y señaló que en el país corre un río de sangre por la creciente violencia e impunidad.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cargó contra los clérigos que se dijeron inconformes con la estrategia de seguridad actual y se preguntó por qué no actuaron, dijo, cuando los niveles de violencia aumentaron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

"¿Por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una Iglesia evangélica, o sea sacerdote", dijo la semana pasada.

Con esto, la tensión entre la Iglesia y el Ejecutivo aumentó, pero este martes el mandatario celebró el comunicado de la Iglesia católica y la comunidad jesuita en el que se apuesta por la unidad ante la violencia, y dijo que "es otro tono".